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Brasilia, Lima y Panamá
Los fiscales generales de 11 países buscarán armar equipos multilaterales para investigar la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que reveló un submundo de financiación ilegal de la política en tres continentes.
La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el grupo se extendió por gran parte de América Latina, con ramificaciones en África y Europa, e incluyó un sofisticado esquema de lavado de dinero.
Los procuradores se comprometieron el jueves a "promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht", según un comunicado firmado por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
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El pago de coimas por parte del gigante brasileño de la construcción ha salpicado a gobernantes y exmandatarios, y ha desatado manifestaciones de protesta por parte de quienes exigen un esclarecimiento y llevar a la Justicia a los receptores de las dádivas.
Las ciudades de Panamá y Lima fueron escenario, el jueves, de marchas en tal sentido. En la capital peruana hubo una movilización, convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que se inició en la plaza Dos de Mayo, lugar de concentración de los trabajadores, y de ahí enrumbó al palacio de Justicia, al grito de "¡Este es el pueblo, valiente y combativo!".
"No podemos permitir que un grupo de funcionarios y presidentes nos robe", dijo a la prensa Jorge Bracamonte, de la Coordinadora Contra la Corrupción, participante de la movilización. "Tenemos que desterrar a esa banda criminal que nos ha estado robando los bolsillos", agregó.
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Odebrecht reconoció haber pagado coimas por $29 millones en Perú a cambio de contratos de obras públicas durante los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
En Panamá, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos $59 millones, los ciudadanos salieron a las calles para exigir un alto a la corrupción e impunidad en su país. Una marcha, organizada por obreros de la construcción, reunió a alrededor de 3.000 personas que recorrieron calles céntricas de la capital hasta llegar a los predios de la Asamblea Nacional.
Al término de la caminata, los líderes sindicales expresaron su rechazo a la impunidad. "Los corruptos en este país crearon una estructura de estado para saquear los bienes del pueblo", manifestó el dirigente Saúl Méndez.
Acción de las fiscalías. La iniciativa de las 11 fiscalías también incluye a la operación Lava Jato (lavadero de autos), que investiga un fraude transnacional que drenó ilegalmente más de $2.000 millones a la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras y permitió revelar el caso Odebrecht.
Al cabo de la primera de las dos jornadas de una cumbre realizada con gran hermetismo y sin acceso de la prensa, los procuradores dijeron que buscarán "insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país".
La investigación sobre la maquinaria de pagos de Odebrecht, un grupo con múltiples negocios que facturó casi $40.000 millones en el 2015 -su último balance-, está bajo secreto de sumario. Además, la firma y la Justicia acordaron una cláusula de reserva de seis meses, hasta el 1.° de junio del 2017.
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"Brasil ha recibido varios requerimientos de cooperación jurídica internacional relacionados con el caso Odebrecht, pero está obligado a cumplir sus leyes internas y a respetar el plazo acordado, sin perjuicio de que los países den continuidad a las investigaciones que ya han acordado", señaló el texto divulgado entrada la noche.
A solicitud de Odebrecht, los fiscales aceptaron escuchar una exposición de los abogados de la constructora sobre los planes de cooperación que tienen con los ministerios públicos de la región para ayudar "a dilucidar todos los hechos ilícitos vinculados con su actuación".
Las prácticas de la constructora fundada en Bahía (noreste) en los años 40 le valieron a Odebrecht S.A. y a su filial petroquímica Braskem una multa de $3.500 millones, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.
El grupo indicó que tiene capacidad para pagar hasta $2.600 millones, que sumados a la penalidad de unos $900 millones de su petroquímica Braskem, totalizarían $3.500 millones, una de las mayores multas de la historia.
Tras resistir casi dos años, el peso de las evidencias en su contra llevó a la firma a acordar con la Justicia que 77 de sus ejecutivos confesasen sus delitos a cambio de una reducción de sus penas, incluido su expresidente Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en Brasil.
Las primeras filtraciones revelaron profusas menciones al presidente Michel Temer. Y aunque las llamadas 'delaciones premiadas' no constituyen pruebas hasta que no sean corroboradas en un juicio, su inminente desclasificación es una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de la región.
