Guayaquil. Ecuador, escenario de una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica con 119 presos muertos, informó este domingo que militares y policías tienen bajo control el sistema penitenciario, en el que hay una guerra entre bandas del narcotráfico. Las prisiones “se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”, declaró la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, en un video divulgado por el Ejecutivo.
Agregó que “es la primera vez desde el 2019, cuando ocurrió la primera crisis carcelaria, que las dos instituciones trabajan de manera conjunta actuando sobre la base del estado de excepción” para el aparato carcelario, por 60 días, decretado por el presidente Guillermo Lasso el miércoles pasado. Amparado en esa medida, el gobierno movilizó a 3.600 soldados y policías para “garantizar la seguridad” en los 65 reclusorios del país, que tienen capacidad para 30.000 personas, pero que están ocupados por 39.000, con una superpoblación de 30%.
Ecuador enfrenta una larga crisis carcelaria por diversas causas, entre ellas una guerra por el poder entre grupos criminales al servicio de cárteles del narcotráfico, incluidos los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Miembros de esas bandas se enfrentaron a balazos el martes anterior en una penitenciaría del puerto de Guayaquil, dejando 119 reclusos muertos, entre ellos desmembrados y quemados.
En el mismo reclusorio en el que la Policía dijo asumir el control el jueves, los presos volvieron a enfrentarse y atacaron con disparos a policías el sábado, con un saldo de cuatro presidiarios heridos.
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Disputas territoriales
“Esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones”, señaló Vela, quien añadió que el gobierno “no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país”. En lo que va del 2021, las revueltas carcelarias en Ecuador dejan 238 muertos. En febrero murieron 79 reclusos en amotinamientos simultáneos en cuatro prisiones.
El sistema carcelario ecuatoriano también afronta falta de guardias (hay 1.500 y faltan otros 3.000), reducción de presupuesto (de 150 millones a 99 millones de dólares en los últimos seis años) y corrupción. En la declaración conjunta con la ministra, la comandante de la Policía, general Tannya Varela, manifestó que la fuerza pública “ha logrado controlar la violencia” tras el cruento amotinamiento, en cuyo escenario ha decomisado seis fusiles, siete pistolas, más de mil municiones, cinco granadas y 250 armas blancas.
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El director de Criminalística, coronel Henry Coral, indicó el domingo a la AFP que el saldo de presos muertos en el motín aumentó a 119 luego del fallecimiento de un recluso que había resultado herido. Precisó que la Policía ya identificó a 106 cuerpos, varios de ellos mediante antropología debido al carácter violento de las muertes, y que 73 ya fueron entregados a sus familiares. “No encontramos huellas dactilares por la situación de las quemaduras y otras cosas”, manifestó Coral sobre las víctimas aún por identificar.
Cadáver que ‘no es’
En su oración dominical del Ángelus, en la plaza de San Pedro, el papa Francisco lamentó este domingo la “terrible explosión de violencia” ocurrida en la prisión guayaquileña. Fuera de la morgue aún permanecen familiares a la espera de información y la entrega de cuerpos. “Me dijeron ayer (sábado) en la penitenciaría que él estaba vivo, pero ahora me llaman (a decir) que está muerto”, declaró a la prensa Mario Chávez, quien busca a su hermano, del que no sabe nada desde hace una semana. “El cadáver que me enseñan no es”, apuntó.
Vela recordó, en el canal nacional de televisión Ecuavisa, que Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y que “el proceso de incursión del narcotráfico en el país (...) se ha ido consolidando y llevando al país de ser de mero tránsito hacia un país en donde haya almacenamiento interno”.
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Ecuador resulta “estratégico” para los narcos porque tiene una economía dolarizada y cinco puertos marítimos para intentar exportar droga hacia Estados Unidos y Europa, según expertos. Este país incautó entre enero y agosto del 2021 unas 116 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, frente al récord de 128 toneladas del 2020.