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Managua. Seis miembros de una familia murieron este sábado en Managua después de que su casa fue incendiada por una bomba molotov que lanzaron hombres armados y encapuchados, informaron fuentes policiales.
También hubo dos fallecidos más, empleados de la Alcaldía de Managua, quienes fueron atacados cuando quitaban barricadas en carretera, dijo la Policía en una nota de prensa.
Con esas, son ya 178 las muertes en el marco de las protestas antigubernamentales que se iniciaron hace dos meses en Nicaragua.
El hecho tuvo el repudio tanto por la oposición como por el gobierno, que se acusaron mutuamente de los ataques al reanudarse la mesa de diálogo reinstalada el viernes.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (opositora), constituida por miembros de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y campesinos, participa “bajo protesta” en las conversaciones “por la represión, violencia y asesinatos ocurridos anoche y madrugada de hoy (sábado), donde una vez más policías, parapolicías y turbas afines al gobierno fueron protagonistas de ataques”, denunció Michael Healy, uno de sus voceros.
También se reportaron enfrentamientos en la madrugada del sábado en León, Tipitapa y Masaya, de acuerdo con la oposición.
El incendio de la vivienda de tres pisos se produjo al amanecer del sábado, dijeron familiares de las víctimas. Dos de ellas sobrevivieron lanzándose desde un balcón, una mujer que está en estado grave y un niño que ingresó a un hospital con quemaduras.
La superviviente responsabilizó al presidente Daniel Ortega de lo ocurrido, en un video difundido en redes sociales.
De acuerdo con un testigo, cerca de 20 hombres armados con fusiles y encapuchados llegaron en la mañana del sábado al barrio Carlos Marx y prendieron fuego la vivienda.
Las acciones habrían sido en represalia a que la dueña de casa se negó a dejarles usar los pisos altos para colocar francotiradores y disparar a eventuales manifestantes, agregó.
Vecinos denunciaron que los atacantes no permitieron auxiliar a los fallecidos porque disparaban contra quien quisiera acercarse a la vivienda.
Según el reporte policial, los otros dos fallecidos son empleados de la alcaldía de Managua que fueron atacados por encapuchados cuando quitaban barricadas de una carretera.
#Nicaragua Policías del Asesino Daniel Ortega queman una casa con personas adentro, Vecinos intentan desesperadamente apagar el Fuego.. AQUÍ ESTÁ EL AMOR AL PUEBLO QUE TANTO PREDICA LA HIPÓCRITA IZQUIERDA!#RenovacionDeFuturo #17Jun #18Jun #16Junpic.twitter.com/BXBnpBQoSv
— El Joker 🔥 (@VENE00080) June 16, 2018
El hecho que conmocionó a la población fue tratado este sábado en la mesa de diálogo del gobierno de Daniel Ortega y la oposición: los obispos condenaron las muertes, mientras la oposición acusó al gobierno de no frenar a los paramilitares y grupos de choque.
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El canciller Denis Moncada negó responsabilidad y acusó a los manifestantes que están en las barricadas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) expresó su “más enérgica condena por la masacre perpetrada por fuerzas parapoliciales en complicidad con la Policía”, según un comunicado.
“Este crimen revela un escalamiento de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con saldo trágico de más de 178 personas asesinadas hasta la fecha”, agregó la ONG.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó en Twitter “este acto de terror que es un crimen de lesa humanidad y que no puede quedar impune”.
Condenamos este acto de terror q es un crimen de lesa humanidad y q no puede quedar impune https://t.co/TVgMJgs6An
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 16, 2018
La relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, reaccionó con “estupefacción y desgarro” por la muerte de niños “quemados vivos”.
Calendario de reformas políticas
Mientras tanto, en la mesa de diálogo se acordó discutir desde el lunes un calendario de reformas políticas que incluye una propuesta para adelantar las elecciones del 2021 a marzo dle 2019, informaron los obispos católicos que median las conversaciones.
Las conversaciones “abren la posibilidad, al menos teóricamente, de tratar el tema de la democratización”, cuyo alcance dependerá de la voluntad de Ortega de cumplir con los acuerdos, afirmó el abogado y economista Enrique Sáenz, un disidente del sandinismo gobernante.
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El plan contempla trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente controlados por aliados de Ortega, principalmente el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Propone, además, que las reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine la reelección presidencial para impedir que se vuelva a postular Ortega (está en el poder desde el 2007).
El mandatario ha expresado su disposición de trabajar por la democratización, pero no se manifestó sobre la eventual reducción de su mandato, que expira en enero del 2022.
En las conversaciones del viernes, el gobierno aceptó además invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea (UE) a observar la situación de violencia y represión, pese a que se había opuesto inicialmente.
“Lo que Ortega está haciendo es ganar tiempo” en la mesa de diálogo, mientras trata de cambiar la correlación de fuerzas a su favor, aumentando los niveles de represión contra los manifestantes, declaró el sociólogo y analista Óscar René Vargas.
Para Sáenz, la visita “de organizaciones internacionales de credibilidad como la CIDH” permitirá “mostrar descarnadamente la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense por la represión del régimen”.
Las partes también convinieron este sábado crear una comisión de seguridad para analizar cómo levantar los bloqueos que los manifestantes instalaron en las principales carreteras del país para presionar por la salida de Ortega.
No obstante, la oposición advirtió de que seguirán cortando las rutas con barricadas hasta que cese la represión.
“La única manera en que podemos levantar los tranques es que él se vaya, es la única garantía que tenemos nosotros en estos momentos en Nicaragua”, señaló la líder campesina Francisca Ramírez en rueda de prensa.
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