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Santiago. A cinco semanas del inicio del estallido social, los incendios, saqueos y manifestaciones no ceden en varias ciudades de Chile, donde ninguna medida ni acuerdo político logra aplacar la violencia.
Si bien las manifestaciones callejeras no son masivas, los focos de violencia se mantienen en el centro de Santiago y barrios periféricos, como Puente Alto, Quilicura o Maipú, donde sus habitantes vivieron otra noche de horror el jueves, con ataques simultáneos al comercio, cuarteles de la policía y gasolineras.
El recrudecimiento de la violencia –que había disminuido tras el acuerdo por una nueva Constitución que alcanzó el Congreso hace una semana– llevó este viernes al gobierno a volver a pedir calma.
"Quiero hacer un llamado profundo y sincero a todas las fuerzas políticas a hacer un llamado a la paz", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
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"Es la misión más importante que tenemos hoy día como país", agregó tras detallar que durante la noche del jueves hubo más de 700 detenidos.
En Quilicura, al norte de Santiago, un centro comercial quedó destruido luego de que una muchedumbre saqueó varias tiendas y luego les prendió fuego, impidiendo el paso de los bomberos. Horas antes, el alcalde de la comuna, Juan Carrasco, había denunciado que un menor fue torturado por la policía al interior del centro comercial.
En Puente Alto, otro sector periférico de clase trabajadora, fueron atacadas simultáneamente una gasolinera, varios locales comerciales y un cuartel policial.
En la ciudad de Antofagasta, a 1.500 kilómetros al norte de Santiago y sede de las más grandes mineras del mundo, también se vivió una jornada de violentas protestas. Un automovilista hirió a cinco personas al embestir contra una concentración. Posteriormente se registró el saqueo de un supermercado.
En el puerto de Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar (120 kilómetros al oeste de la capital) también se registraron saqueos, barricadas e incendios, al igual que en la ciudad de Concepción.
"Esta situación de anormalidad absoluta también afecta la oferta nuestra para hacernos cargo", reconoció el general de Carabineros, Enrique Basseletti, sobre las quejas de los vecinos que no ven policías en las calles.
El ministro del Interior anunció este viernes que se adelantará el egreso de 2.500 aspirantes a policías para que se sumen a las labores de resguardo.
Desorden público
Controlar el orden público junto con avanzar en las reformas sociales que respondan a los pedidos de la calle es el principal desafío del gobierno de Sebastián Piñera.
En los primeros nueve días tras el estallido social, el mandatario sacó a los militares a las calles y decretó toque de queda. Pero ahora la policía de Carabineros, fuertemente cuestionada, es la única que está a cargo del control de la calle.
"Lo que he tratado de hacer como presidente es compatibilizar el orden público con los derechos humanos y compatibilizar las demandas sociales con mantener sana nuestra economía. No ha sido fácil", reconoció el jueves el presidente Sebastián Piñera, en un encuentro con periodistas de medios extranjeros.
Según la tesis del gobierno, detrás de los ataques más violentos –sobre todo en barrios periféricos– están miembros de las barras bravas del fútbol, narcotraficantes y delincuencia más dura.
“Ayer (jueves) recrudeció la violencia en muchas regiones de nuestro país; hemos tenido eventos graves. Los más felices con esto son los narcotraficantes, que pueden vender de día lo que vendían en las noches, y también sectores muy duros, no de hinchas de fútbol, sino de barras bravas relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia más dura”, dijo a radio Cooperativa la vocera oficial Karla Rubilar.
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Con unos 50.000 hombres, el actuar de los Carabineros, sin embargo, también está en la mira.
Amnistía Internacional denunció el jueves una política deliberada para castigar a manifestantes durante las protestas, que estallaron el 18 de octubre y se saldan con 22 muertos.
El Gobierno rechazó "categóricamente" el informe, aunque el presidente reconoció que pudieron incumplirse algunos protocolos. Las Fuerzas Armadas también expresaron sus reparos al informe, en una polémica declaración conjunta que, según políticos de oposición sobrepasó el principio de no deliberación.
"Las Fuerzas Armadas tiene pleno derecho a defenderse. No hay ningún acto de deliberación y ningún juicio político que se emita", defendió el ministro de Defensa, Alberto Espina.
Hay 2.000 heridos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos mientras que organizaciones sanitarias afirman que unas 280 personas sufrieron daño ocular severo por el uso de perdigones por parte de la policía, que el martes se comprometió a no volver a usar este armamento.
Sin embargo, dos días después, un camarógrafo resultó herido en la céntrica Plaza Italia de Santiago, y la policía reconoció que “existe una alta probabilidad” de que haya sido con escopeta antidisturbios.
