EscucharCaracas. “Hemos acabado con las estructuras criminales que había en las cárceles”, anunció, triunfante, el ministro de Interior de Venezuela, Remigio Ceballos, al culminar este viernes el plan de intervención de cárceles lanzado en setiembre para recuperar siete prisiones con presencia de pandillas.
Sin embargo, algunos expertos en materia carcelaria sostienen que se trata de un “show” y denuncian un plan sin estrategia que fue negociado con las bandas.
Cárceles autogestionadas
Tocorón, en el estado Aragua (centro-norte) y el más famoso, fue el primero de los siete penales recuperados. Más de 10.000 policías y militares, apoyados con tanquetas y vehículos blindados, se movilizaron para intervenir esta cárcel.
Allí funcionaba la base de operaciones del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más grandes de Venezuela que extendió sus tentáculos a varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Chile y Perú.
La banda, aparecida en 2014, extorsionaba a la población reclusa pidiéndole pagar una “causa”, una cuota de $15 semanales, lo que les permitió mantener toda una infraestructura dentro la cárcel: piscina, bares, discoteca, zoológico... Y seguir operando en actividades mafiosas “clásicas”: secuestros, robos, drogas, prostitución y hasta minería.
Se convirtió entonces en un ejemplo de cárcel “autogestionada”. El sistema también ofrecía “una mano de obra fácil de reclutar”, subraya Ronna Risquez, autora del libro “El Tren Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.
Al igual que en Tocorón, en las otras seis prisiones se descubrieron drogas, armas, un estudio de grabación y otras piscinas. También se practicaba la extorsión con amenazas de muerte y pago de rescate.
Las prisiones estaban dirigidas por un “pran”, como se conoce a los líderes de reclusos en las cárceles en Venezuela. Y el control de estos pranes sobre las cárceles venía desde hace tiempo, coinciden expertos al señalar que el gobierno se tardó en realizar las intervenciones por falta de recursos y voluntad política para luchar contra la corrupción.
¿Por qué en este momento?
El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, apunta a que estos operativos pueden estar buscando “distraer la atención”, debido a que coincide con la publicación reciente del informe de las Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.
En su opinión, el gobierno montó un “show” sin estrategia, y lamenta que las cárceles fueran recuperadas tras negociaciones con las pandillas. Según Prado, todos los líderes de pandillas escaparon tras ser advertidos de las operaciones. “Está bien que se acabe con la mafia de las cárceles (...) ¿y no presenta dónde están los pranes detenidos?”, se pregunta Prado.
Risquez, por su parte, ve razones “políticas”, pues se acercan las elecciones presidenciales de 2024 y el presidente Nicolás Maduro quiere sacar a Venezuela de su aislamiento.
Además del “tema de seguridad en la campaña electoral”, Maduro busca “posiblemente el reconocimiento y la legitimidad” de otros posibles aliados regionales, en particular Colombia y Brasil, que se movieron hacia la izquierda, sostiene Risquez.
Lo ocurrido en las cárceles venezolanas tuvo consecuencias “en países como Perú, Chile, Colombia, con la presencia del Tren de Aragua y de otros grupos”, subraya.
¿Y el futuro?
El “éxito total” del que también se alegra Maduro corre el riesgo de aumentar el hacinamiento en las cárceles venezolanas, con 54.000 presos en 80 prisiones en Venezuela, de los cuales 9.000 estaban encarcelados en los establecimientos intervenidos, según datos oficiales.
La sobrepoblación carcelaria es del 164% y “se va a disparar”, sostiene preocupado Prado, precisando que el 70% de los presos está en “proceso de juicio”.
Las cárceles venezolanas podrían volver a ser escenario de homicidios y motines que desembocarían en un baño de sangre, como ocurrió a finales del siglo XX, alertan expertos. La toma de las cárceles “no significa que la organización se acabó, porque la organización son las personas y estás personas no están arrestadas”, advierte Risquez.
Destaca, no obstante, que el Estado dio un golpe importante a las bandas porque las privó de su base de reclutamiento y prestigio: el lugar desde donde podían lograr conseguir hasta $3.5 millones solo con las extorsiones semanales a los presos, según Risquez.
