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La reciente ofensiva del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua suma 26 opositores detenidos bajo la acusación de “menoscabar la soberanía” del país.
Entre los arrestados hay precandidatos presidenciales opositores, guerrilleros históricos sandinistas, activistas, miembros de ONG, periodistas, empresarios, estudiantes y campesinos.
El presidente impulsa esta embestida en un intento por perpetuarse en el poder cuando faltan cuatro meses para las elecciones generales del 7 de noviembre.
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La respuesta de la comunidad internacional ha sido fuerte, pero incapaz de detener la represión del líder sandinista.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, considera necesario y urgente que los países y organismos aumenten las medidas restrictivas contra Nicaragua al punto de que Ortega quede aislado y se convierta en un “paria a nivel internacional”.
“Es la única forma de frenar al régimen y revertir la situación”, asegura Vivanco en una entrevista concedida a La Nación.
Además, afirma que no ha visto un asedio similar contra críticos en la región desde de la dictadura de Alberto Fujimori, en Perú, y sostiene que el mandatario nicaragüense “está dispuesto a aferrarse al poder a cualquier costo”.
– ¿Cómo califica el arresto en Nicaragua de 27 opositores, entre ellos, seis precandidatos presidenciales, a menos de cinco meses de las elecciones nacionales?
– La reciente cacería de opositores y críticos, que incluye la detención y el procesamiento arbitrario de seis prominentes candidatos de oposición, constituye un abuso de poder flagrante, grotesco, típico de un sistema dictatorial.
Es evidente que Ortega está buscando sacar de circulación a cualquier figura de la oposición que represente una competencia real en las elecciones presidenciales de noviembre, y disuadir, mediante el miedo, cualquier expresión crítica o protesta en contra del gobierno.
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– ¿Considera usted que hay posibilidad de un proceso electoral transparente en Nicaragua de aquí al 7 de noviembre?
– No me hago mayores ilusiones. Las recientes acciones del dictador Ortega demuestran que está decidido a aferrarse al poder a cualquier costo.
Ortega controla todos los poderes del Estado, incluido el Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público y Consejo Supremo Electoral. En estas circunstancias, y junto con la adopción de leyes represivas que socavan el Estado de derecho y restringen la participación política de los candidatos de oposición, las posibilidades de comicios libres y justos en Nicaragua son prácticamente nulas.
– ¿Cómo evalúa la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) en este caso? ¿Le parece que el pronunciamiento debió ser más fuerte como la aplicación de la Carta Democrática o lo considera contundente?
– Me parece que fue una muy buena resolución, especialmente por la gran cantidad de países que la apoyaron. La resolución deslegitima completamente al régimen, y le exige explícitamente la liberación de los detenidos, incluidos los opositores. Considero que es un primer paso importante que abre la puerta para un proceso, que ojalá concluya con la suspensión de Nicaragua de la OEA si el régimen continúa con esta escalada represiva. Un mensaje contundente es el único lenguaje que entiende la dictadura.
– ¿Ve posible que las sanciones de Estados Unidos y las condenas internacionales causen algún efecto en las acciones represivas de Ortega?
– Creo que las sanciones impuestas hasta la fecha son importantes, pero ciertamente insuficientes. La administración de Joe Biden debe trabajar junto a los gobiernos europeos y las democracias latinoamericanas para incrementar el régimen de sanciones individuales. A lo que se debe aspirar es a elevar el costo de lo que Ortega ha hecho y a convertirlo en un paria a nivel internacional. Es la única forma de frenar al régimen y revertir la situación.
De la misma manera se debe incrementar la intervención de Naciones Unidas. Dada la gravedad de la crisis política del país y sus posibles consecuencias en materia migratoria para la región, es necesario que el secretario general, Antonio Guterres, invoque el artículo 99 de la Carta de la ONU, para poner la crisis nicaragüense en la agenda del Consejo de Seguridad de manera urgente.
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– ¿HRW había registrado una situación similar de detenciones en algún país de la región o se trata de una persecución inédita?
– No hay precedentes recientes. Este tipo de persecución—detener simultáneamente a los principales líderes democráticos que aspiran a competir en las elecciones presidenciales, a representantes de la sociedad civil y el sector privado— y la velocidad con la que se ha hecho, no lo habíamos visto desde las épocas de las dictaduras militares. No he visto algo similar en la región en las últimas dos décadas y medias, probablemente desde los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori, en Perú.
– ¿Qué señal da Ortega al calificar a sus adversarios políticos como “criminales”?
– Me parece que esa descalificación genérica hacia estos prominentes políticos de oposición refleja lo que es Ortega, un dictador que define quién puede circular libremente y quién, según él, es un criminal. Los cargos, las pruebas, la legislación que Ortega aplica es el resultado simplemente de una estrategia diseñada por él para aferrarse al poder por el resto de la vida.
Esta legislación no existiría en una país democrático. Es algo propio de la Unión Soviética encarcelar a personas por actividades contrarias a la patria cuando sabemos muy bien que en los regímenes dictatoriales totalitarios, el dictador deliberadamente confunde la crítica a su gobierno con los intereses del Estado.
En los ojos de Ortega, él es Nicaragua, de tal modo que una crítica hacia Ortega pasa a ser una especie de ataque. Su persona es Nicaragua, y cualquiera que lo critique se convierte en un enemigo de la nación, porque insisto en que no hay diferencia y hay una absoluta identidad de su persona con el país.
