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Brasilia
Lula y Moro, cara a cara. El político brasileño más trascendente de la historia reciente y el juez que encarna la cruzada anticorrupción se verán por primera vez este miércoles, en un duelo clave para el futuro inmediato del gigante sudamericano.
En la sureña Curitiba, "capital de la Operación Lava Jato", el juez de primera instancia Sergio Moro interrogará al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para determinar si recibió un lujoso apartamento de la constructora OAS, enlodada en la red de sobornos de Petrobras, como retribución de favores ilegales.
La comparecencia se verá rodeada de fuertes medidas de seguridad, dado que tanto partidarios como adversarios de Lula se dieron cita en las calles de esta prolija y rica ciudad.
La Fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, incluyendo un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre el 2011 y el 2016.
La sentencia será leída entre 45 y 60 días después, según estimaron en el famoso juzgado número 13, que comanda Moro.
Si es condenado, y el fallo ratificado en segunda instancia, Lula deberá bajarse de la elección presidencial del 2018, que lidera holgadamente según todos los sondeos, pese a figurar también entre los políticos con mayor índice de rechazo.
El exmandatario, cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), niega los cargos y denuncia una persecución judicial que tiene al magistrado sureño como ariete.
"No me están juzgando por corrupción, sino por la forma en que goberné este país", dijo diez días atrás en Rio Grande do Sul, en un acto que rezumaba aroma de campaña.
Varias acusaciones. El caso es apenas una de las cinco acciones penales que enfrenta, la mayoría de ellas por corrupción, algunas durante sus años en el palacio de Planalto.
Para Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco, no hay dudas sobre el desenlace: " Lula va a ser condenado. Moro lo va a condenar, todos los indicios van en ese sentido. El juez Sergio Moro ya lo condenó y en algún momento va a formalizarlo en una sentencia".
"¿Será suficiente para impedir su candidatura?", se preguntó.
El enfrentamiento entre el joven juez, de 44 años, y el veterano político, de 71, estalló en marzo del 2016, cuando la policía golpeó la puerta de la residencia de Lula durante la madrugada. Las calles aledañas habían sido bloqueadas por un fuerte operativo repleto de uniformes camuflados, vehículos y armas largas.
Lula fue llevado coercitivamente a declarar y ese mismo mes la corte suprema bloqueó su nombramiento como jefe de Gabinete de Dilma Rousseff (2011-2016). ¿La causa? la divulgación de una conversación entre ambos, que sugería que su designación buscaba darle fueros para protegerlo de la justicia ordinaria.
Ambas órdenes salieron del juzgado de Moro.
Cuando se encuentren este miércoles, la capital del estado de Paraná estará sitiada por las fuerzas de seguridad.
Se espera que miles de manifestantes retraten en sus calles la polarización de la sociedad, agudizada desde que el año pasado el Congreso destituyó a Rousseff para ungir al conservador Michel Temer, su excompañero de fórmula presidencial.
Sindicatos, movimientos sociales y el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula, esperan reunir 30.000 activistas y las autoridades informaron que habían recibido muchos pedidos de manifestantes antagónicos al expresidente.
Temiendo enfrentamientos, Moro pidió el sábado a sus simpatizantes que no acudan a la cita.
"No quiero que nadie se lastime en una eventual discusión o conflicto. Por eso, mi sugerencia es que no vengan, no es necesario. Dejen a la Justicia hacer su trabajo", afirmó el juez en un video casero divulgado por las redes sociales.
Su juzgado será vallado, la ciudad reforzará sus controles de autobuses y nadie podrá acercarse al edificio de la Justicia ni al pequeño santuario erigido enfrente para respaldar a Lava Jato.
"La idea es que no haya contacto entre los dos grupos", dijo Wagner Mesquita, secretario de Seguridad Pública de Curitiba.
La guerra psicológica previa incluyó un pedido de Lula para que la sesión sea transmitida en directo por televisión para evitar que las frecuentes filtraciones a la prensa sean escogidas para perjudicarlo.
Pero al mediodía, Moro prohibió a los abogados del exmandatario siquiera grabar el interrogatorio, argumentando que las imágenes podían ser usadas "con fines político-partidarios".
"No se ignora que el acusado y su defensa pretenden transformar un acto normal del proceso penal (...) en un evento político-partidario, habiendo, por ejemplo, convocado militantes para manifestaciones de apoyo al expresidente en la fecha referida en esta ciudad, como si fuera a suceder algo más allá del interrogatorio", escribió.
Poco después, el estudio que representa a Lula presentó un hábeas corpus para suspender el proceso argumentando que habían sido agregados a la causa documentos de Petrobras. La defensa pide más tiempo para analizar las casi 100 mil páginas recibidas.
Más allá de los embates de la guerra psicológica, para el diputado del PT, Paulo Pimenta, la cita será una oportunidad de oro para el líder de su partido.
"Hace tres años que viene siendo investigado, su vida minuciosamente examinada, y la de sus familiares, y por primera vez va a tener oportunidad de hablar y ser escuchado (...) Está motivado", dijo a la AFP.
