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Brasilia
La Operación Lava Jato comenzó en marzo del 2014 como una investigación común sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras. Treinta meses después, se ha convertido en la bestia negra del poder en Brasil.
El caso que acorrala al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y se cierne sobre decenas de políticos de casi todas las siglas condujo a la Justicia hacia la estatal Petrobras, donde reveló una confabulación entre el primer nivel político y grandes empresas que durante una década desviaron más de $2.000 millones.
Los delitos recurrentes son corrupción pasiva y activa, crímenes contra el sistema financiero, formación de organización delictiva y lavado de dinero.
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Considerado la mayor causa de corrupción de la historia de Brasil, la Fiscalía lo definió como un sistema de "empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas".
Grandes constructoras formaron un cartel para eliminar la competencia en la adjudicación de obras de Petrobras y actuaron en connivencia con directivos de la firma estatal, que a su vez eran designados por políticos para recaudar ilegalmente.
Las obras sobrefacturadas generaban excedentes que se transferían a los partidos y a los confabuladores como sobornos de entre el 1% y el 5% del valor de los contratos.
Operadores del mercado de cambio gestionaban los pagos y lavaban luego el dinero sucio.
Acción de la Justicia
La causa se tramita en tres ámbitos:
* La primera instancia, donde actúa el magistrado Sergio Moro, de Curitiba (sur), convertido en campeón de la lucha contra la corrupción, pero también existen procesos en otras cortes de ese nivel.
Allí se procesa a los que no están protegidos por fueros (políticos, exlegisladores, exdirectivos de Petrobras, empresarios y operadores de cambio).
Es, también, donde actúan los fiscales federales que acusaron a Lula de ser el "comandante" de la red de corrupción y de recibir 3,7 millones de reales ($1,1 millones) en sobornos, y también a Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su apellido, condenado a más de 19 años de cárcel.
Las principales constructoras investigadas son Odebrecht, Techint, Camargo Correa Andrade Gutierrez, Mendes Junio, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvao, IESA, Engevix, SETAL, GDK y Galvao Engenharia.
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* El Supremo Tribunal Federal (STF), que instruye los procesos contra funcionarios federales con fueros, como diputados, senadores y ministros. En este ámbito solo el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, puede solicitar investigaciones o hacer denuncias.
No hay ningún político con fueros que haya sido condenado hasta el momento y solo se iniciaron tres juicios, aunque dos de ellos podrían pasar a la primera instancia por ser contra Eduardo Cunha, el diputado ultraconservador destituido la semana pasada y por ende ya sin inmunidad. El otro es contra el diputado Nelson Meurer, del Partido Progresista (PP, derecha).
* El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hace lo propio con funcionarios regionales, como gobernadores, o integrantes del Tribunal de Cuentas de la Unión —que audita al Estado— y también tramita apelaciones ya denegadas en instancias inferiores.
El STF tiene 81 investigaciones en curso sobre 364 personas físicas y jurídicas (empresas). Fueron presentadas 45 acusaciones contra funcionarios federales con cargos vigentes, aunque también hay personas sin fueros, cuyo compromiso con los acusados es tan próximo que no permite enviar sus casos a la justicia ordinaria.
La mayoría de los indagados pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Lula y su destituida sucesora Dilma Rousseff; al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro-derecha) del presidente Michel Temer y al PP.
El cuerpo principal del expediente en el STF tiene actualmente unos 70 nombres, varios de ellos bajo secreto de sumario, por lo que no es posible acceder a sus detalles.
La primera instancia realizó por su lado 1.397 procedimientos, 239 acusaciones penales y emitió 106 condenas por un total de más de 1.148 años.
Golpe a Petrobras
Un estudio de la Policía Federal indicó que el "perjuicio total" ocasionado por el fraude podría ascender a 42.000 millones de reales (unos $12.880 millones al cambio actual).
Petrobras pasó a pérdida el equivalente a $2.059 millones en su balance del 2014.
El resarcimiento total pedido por la Justicia asciende a 38.100 millones de reales ($11.683 dólares).
La Justicia también busca recuperar 3.600 millones de reales en activos desviados: 745 millones están en fase de repatriación y 2.400 millones fueron bloqueados judicialmente a los acusados.
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Nadie discute buena parte del éxito de la operación obedece a las delaciones premiadas, acuerdos entre la Justicia y los investigados para obtener confesiones a cambio de una reducción de sus condenas. Permitieron desanudar la trama, entender las relaciones jerárquicas, precisar fechas, cuentas y acceder a conversaciones grabadas.
El STF aprobó 41 delaciones, que incluyen empresarios, operadores del mercado negro de cambio, políticos como el exsenador Delcidio do Amaral, y directivos de Petrobras, como el exgerente de Servicios Pedro Barusco que se comprometió a devolver los 97 millones de dólares que había desviado.
