Escuchar–Vivimos en el atropello, en los controles, en la discriminación; nos racionan el combustible y otras compras. Hay que presentar la cédula, la constancia de nacimiento y un recibo de luz para hacer una compra –dijo el entonces alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos , al reclamar “discriminación” en el estado fronterizo de Táchira.
–Bastante polémica esta intervención suya, alcalde. Si me buscó, me encontró, déjeme decirle – le respondió, al finalizar, el presidente Nicolás Maduro.
Este es un extracto del diálogo que ocurrió en diciembre del 2013, durante la primera reunión entre el mandatario y los alcaldes recién elegidos, y que marcó el punto de inicio de una rivalidad que meses más tarde le valió a Ceballos la prisión.
A partir de ese encuentro, el funcionario empezó a recibir amenazas de cárcel por parte de Maduro y varios partidarios oficialistas. Además, se le adjudicó la responsabilidad de propiciar las manifestaciones violentas que se efectuaron en Táchira desde el 4 de febrero del 2014.
“El presidente fue reiterativo en su amenaza en contra de mi esposo. Le ofreció una celda más fría que la de su jefe, Leopoldo López”, relata Patricia Gutiérrez , esposa de Ceballos.
El miércoles 19 de marzo a las 6:30 p. m., Ceballos fue detenido sin orden judicial y trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, ubicada a casi 1.000 kilómetros de distancia de Caracas.
“Recibí a las 11 p. m. una llamada de él diciéndome que estaba en Ramo Verde; no supimos por qué lo detenían hasta dos días después, cuando lo llevamos a un tribunal de Control”.
A Ceballos le imputaron los cargos de rebelión civil y agavillamiento (asociación criminal).
Luego, el 25 de marzo, en un juicio de seis horas, los jueces decidieron destituir a Ceballos de su cargo de alcalde y lo condenaron a 12 años de prisión.
En setiembre, empezó el proceso judicial. La Fiscalía citó a 20 personas, mientras que a la defensa le admitió 12 testigos.
Cuando las audiencias se realizan en el Palacio de Justicia en Caracas cierran los accesos, militarizan el edificio y pese a que el juicio es oral y público, limitan la asistencia de visitantes.
“Se le ha prohibido el ingreso a políticos y amigos de Daniel que han querido, por lo menos, aprovechar la oportunidad de las audiencias públicas para verlo.
”A Daniel lo tienen que trasladar en la madrugada al Palacio, lo dejan en calabozos infrahumanos por horas, donde hay malos olores y hacinamiento”.
Patricia y su esposo (ambos con 31 años de edad) tienen siete años de casados y tres hijos: María Victoria (7), María Verónica (5) y Juan Daniel (2).
Ahora, ella es la alcaldesa de San Cristóbal; fue elegida en mayo del 2014 con 90.000 votos, y ya presentó la petición para que su esposo sea juzgado en libertad.
Ante la pregunta, ¿cuál ha sido la parte más difícil de esto?, Gutiérrez responde: “La ausencia de Daniel. Aunque pasamos momentos felices cuando lo visitamos en la cárcel porque es cuando estamos en familia”.
