Caracas. AP, AFP y EFE. El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien ayer se entregó a las autoridades –como lo había anunciado– fue trasladado de inmediato a un tribunal para que responda por su presunta responsabilidad en los incidentes de la semana pasada que dejaron como saldo tres muertos y detonaron protestas en el país .
Sin embargo, la audiencia se difirió para hoy, anunciaron los abogados defensores, citados en un comunicado del Partido Voluntad Popular, de López.
Al dirigente lo llevaron a una cárcel en las afueras de Caracas, donde pasaría la noche, informó el presidente Nicolás Maduro, quien agregó que el propio titular d e la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo condujo en un auto, con el fin de “cuidar su vida”.
El gobernante aseguró que en la madrugada del martes se llegó “a un acuerdo amigable para cumplir la ley ” entre el Gobierno y el dirigente opositor , “ y Leopoldo López aceptó entregarse en paz a la Justicia venezolana”.
En una concentración antichavista en el acomodado sector este de Caracas, López –que busca forzar una salida anticipada del presidente Maduro– irrumpió en el mitin, dirigió un mensaje y se entregó a la Policía.
“Tenía opción de irme, pero no me voy a ir de Venezuela nunca. La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad y no tenemos nada qué esconder”, expresó ante miles de seguidores. Destacó que si su arresto permite a “Venezuela despertar definitivamente”, entonces su “encarcelamiento valdrá la pena” .
López, un economista de 42 años, con dilatada carrera política, estaba oculto desde que el Gobierno pidió su captura.
El opositor resaltó que el lugar escogido para entregarse fue para explicar de viva voz las razones de su lucha. Los miles de manifestantes, vestidos de blanco y con gorras con la bandera nacional, acataron el llamado de Leopoldo López y se alejaron pacíficamente de las fuerzas de seguridad.
La marcha opositora no estaba permitida y las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo antimotines que impidió a los manifestantes avanzar, como era su propósito, hacia el Ministerio de Justicia, cerca de la sede del Gobierno.
A la misma hora, y a solo kilómetro y medio, una multitud de trabajadores petroleros –que fuentes independientes estimaron en más de 10.000–, ataviados con los colores oficialistas, iniciaron una marcha de cinco kilómetros hacia el palacio de Miraflores, encabezados por el vicepresidente de temas económicos, Rafael Ramírez.
Las acusaciones. En tanto, al dirigente opositor le imputarían los delitos de homicidio intencional, terrorismo, lesiones graves, incendio de edificio público, instigación a delinquir y delitos de asociación.
Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, declaró a la AP que el caso “eminentemente es una criminalización de la disidencia porque para todos es sabido que Leopoldo López no es responsable penalmente por los delitos que le están imputando”. Consideró que las autoridades pretenden sacarlo “de la vida pública” por su arrastre popular.
La organización Human Rights Watch denunció violaciones al debido proceso en el caso de López, y el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco, en un correo electrónico apuntó que las autoridades “hasta el momento no han presentado ninguna prueba seria” .