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Lima. AFP. El Gobierno peruano dictó leyes que inhabilitan a alcaldes y funcionarios que participen en huelgas y declaró exentos de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a personas durante acciones represivas, medidas que de inmediato generaron polémica.
La legislación fue promulgada por el presidente Alan García cuando faltan pocos días para que cumpla –el 28 de julio– su primer año en el poder, y cuando su popularidad cayó a su peor nivel fluctuando entre 32 y 24% según sondeos.
La ministra de Justicia, María Zavala, negó que las sanciones contra las autoridades, que fueron elegidas democráticamente, sea en represalia por el apoyo de éstas a huelgas presentadas las últimas semanas contra el Gobierno.
“No es una represalia, lo que pasa es que no se puede extorsionar al gobierno central promoviendo huelgas”, dijo Zavala ayer.
La norma precisa que “los funcionarios que tienen poder de decisión no pueden hacer huelga”, según la ministra.
Las protestas recientes fueron impulsadas por presidentes de regiones del sur peruano (Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho y Tacna), lo que provocó críticas del gobierno en su momento contra éstos.
La decisión del gobierno no fue bien recibida por los presidentes regionales, varios de los cuales expresaron que no hace sino atizar la relación entre las regiones y el gobierno central.
“Es una medida dura, extrema e incluso represiva”, dijo Vladimir Huaroc, presidente regional de Junín, al diario El Comercio .
“El Gobierno solo busca acallar los reclamos de la población expresados a través de sus presidentes regionales y alcaldes”, dijo Simón Balbuena, alcalde de Arequipa, segunda ciudad de Perú.
La decisión de declarar “inimputables” a los miembros de las fuerzas de seguridad que provoquen lesiones o muertes durante acciones de servicio sorprendió a los analistas, que no esperaban una medida de esta naturaleza.
El Gobierno justificó la defensa de policías y militares alegando que se trata de una precisión legal para blindarlos en los casos que sean procesados por muertes durante operaciones represivas.
