Bogotá. El excomandante y encargado de relaciones internacionales de la exguerrilla FARC, Rodrigo Granda, llamó al gobierno de Iván Duque a cumplir el acuerdo de paz en Colombia para cerrarles “espacios” a nuevos alzamientos armados, como el anunciado recientemente por un grupo de exjefes rebeldes.

En entrevista con AFP, Granda cuestionó el regreso a la lucha armada de un grupo de rebeldes liderados por el exnúmero dos de la disuelta guerrilla, Iván Márquez, y ratificó el compromiso del grueso de los excombatientes con el pacto firmado en 2016.

"Lo que debe de hacerse (...) sería redoblar los esfuerzos por la implementación integral del acuerdo de paz, cumplirles a los antiguos guerrilleros lo que está pactado. Si eso se cumple y eso se desarrolla, pues hombre, no hay ningún espacio para que pueda surgir algún movimiento insurgente en el país", dijo.

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También conocido como Ricardo Téllez, Granda aseguró que el ahora partido FARC se ha deslindado de cualquier acción armada que pudieran ejecutar Márquez y los 19 rebeldes que anunciaron su rearme en un video conocido el 29 de agosto, entre ellos Jesús Santrich.

"Él cree que puede reiniciar una lucha armada para hacer que el acuerdo se cumpla, nosotros no compartimos eso. Él se autoexcluyó con su grupo de las directrices del partido", sostuvo Granda, de 71 años.

Amenazas

En el anuncio del rearme, Márquez -exjefe negociador del acuerdo- llamó a insurgentes del ELN, la última guerrilla del país, y a antiguos compañeros que retomaron las armas a "coordinar esfuerzos".

Algunos disidentes de las FARC han declarado "objetivo militar" a ciertos excomandantes y la fiscalía los ha señalado de asesinar a exguerrilleros.

"Alguna gente sí nos ha puesto como objetivos militares, entonces cualquiera puede atentar contra nosotros y entre todos inmediatamente se lavan las manos, puede ser desde la extrema derecha, puede ser desde la extrema izquierda, puede ser desde falsos positivos (montajes) militares o judiciales", señaló Granda.

"Si nuestros antiguos compañeros se atreven a atentar contra nosotros, eso ya es decisión de ellos", agregó.

Las disidencias operan sin mando unificado con cerca de 2.300 combatientes, entre exguerrilleros y nuevos reclutas, dedicados principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, según inteligencia militar.

El presidente Duque asegura que Márquez y sus hombres, cuyo poder de fuerza es incierto, se refugian en Venezuela. Además, rechaza el carácter político de su rebelión y los considera "narcoterroristas".

Beneficios de paz

En línea con el gobierno y la ONU, Granda afirmó que “el grueso de la antigua guerrillerada” mantiene su compromiso con el pacto del 2016 que desmovilizó a unas 13.000 personas.

"La gente está confiada en que este acuerdo arranque y que realmente los beneficios de la paz les lleguen a los territorios", agregó.

Aunque denunció incumplimientos estatales en temas presupuestales y en la ambiciosa reforma rural prevista en el pacto, uno de los puntos más sensibles pues el alzamiento armado se originó precisamente por el reclamo campesino de tierras.

La reforma –que prevé distribuir tres millones de hectáreas y formalizar otras siete millones para pequeños propietario– es el punto que menos avances registra en el proceso de implementación de la paz, según el Instituto Kroc, responsable del seguimiento de los compromisos.

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Sin embargo, Grande destacó “cierto avance” en medidas de protección a excombatientes e iniciativas de educación.

Lo convenido entre la que fue la guerrilla más poderosa de América y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos supuso el fin de medio siglo de conflicto y fue aplaudido por la comunidad internacional.

Aunque desde el inicio de la implementación, a finales del 2016 durante el último tramo de la presidencia de Santos, los rebeldes han denunciado incumplimientos estatales a lo acordado en Cuba.

Las críticas se arreciaron con la llegada al poder hace un año de Duque, quien promete hacerle modificaciones por considerarlo blando con los rebeldes aunque ha reiterado su compromiso con los exguerrilleros que se mantienen en la legalidad.