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La comisión parlamentaria de Brasil que analiza si existen méritos jurídicos para someter a la presidenta Dilma Rousseff a un proceso político que lleve a su destitución entra la próxima semana en una fase decisiva al presentar su informe final, que todavía tendrá que recibir la aprobación del Congreso.
La comisión, que inició hace dos semanas las sesiones para estudiar el pedido de apertura del juicio político, espera que la Abogacía General de la Unión entregue el lunes la defensa de la mandataria.
Antes de que el grupo, formado por 65 diputados, dé su parecer, serán debatidos los alegatos presentados por la defensa y los de la acusación durante cinco reuniones más.
El trámite contra Rousseff se basa en unas irregularidades fiscales en las que incurrió el Gobierno entre 2014 y 2015 para maquillar sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
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De acuerdo con las acusaciones, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, la presidenta incurrió en un "delito de responsabilidad", uno de los motivos que recoge la Constitución brasileña para deponer a un mandatario.
No obstante, el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, negó el jueves ante la comisión que Rousseff realizara operaciones ilegales y aseguró que el maquillaje fiscal fue cancelado en 2015, lo que anularía los argumentos que sustentan el proceso, que no pueden referirse a faltas cometidas en mandatos anteriores.
El titular de Hacienda argumentó también que las maniobras fiscales por las que se pretende abrir el juicio no alteraron el presupuesto aprobado para la gestión de Rousseff en los años referidos.
Tras las cinco sesiones de la comisión, se prevé que el diputado instructor del caso presente su informe definitivo, que será votado entonces por los parlamentares que conforman la comisión, lo que podría ocurrir el próximo 11 de abril.
El proceso
Si le dan luz verde al documento, este pasará al pleno de la Cámara de Diputados, donde deberá contar con el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios (342 votos) para llegar hasta el Senado.
La Cámara Alta decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia el propio juicio político, en cuyo caso la presidenta estará obligada a apartarse de su cargo durante 180 días, plazo que tendrá el Senado para concluir el proceso.
A lo largo de ese tiempo, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que completaría el mandato hasta el 1 de enero de 2019 si la jefa de Estado es finalmente depuesta.
Como se trata de un proceso netamente político, la correlación de fuerzas es crucial en un Congreso totalmente fragmentado y en el que Rousseff cada día cuenta con menos respaldo.
El martes, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país y liderada por Temer, decidió romper con el Gobierno, lo que dio una sacudida al Ejecutivo e hizo tambalear a la coalición que sustenta al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
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La esperada salida del PMDB fue interpretada como un claro apoyo al eventual juicio contra la presidenta, que se encuentra en horas bajas, con la popularidad bajo mínimos y tratando de asegurar los menguantes apoyos que todavía le quedan.
El PMDB siguió la estela de los partidos Republicano Brasileño (PRB) y Laborista Brasileño (PTB) , que ya habían abandonado la alianza oficialista y saltado a la oposición con los 40 diputados que suman entre ambos.
Frente al escenario que se abre, Rousseff prepara una reforma ministerial para cubrir las vacantes que dejará el desembarque del PMDB, en manos del cual están las carteras de Minas y Energía, Salud, Agricultura, Puertos, Aviación Civil y Ciencia y Tecnología.
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Una reestructuración de la que se esperan más detalles la próxima semana y con la que la mandataria espera reforzar la presencia de aquellos partidos aliados de cara al probable juicio que puede despojarla del cargo.
Con todo, las cuentas no salen y es que Rousseff necesita por lo menos 172 votos en la Cámara de Diputados para bloquear el proceso en su contra.
Sin embargo, la presidenta solo tiene garantizada la fidelidad de los diputados de su formación, los del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y los del Partido Democrático Laborista (PDT) que, juntos, no llegan al centenar de escaños, por lo que el destino de Rousseff sigue pendiendo de un hilo.
