Escuchar
Curitiba
Miles de partidarios y de adversarios del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aguardaban el miércoles en la ciudad sureña de Curitiba, bajo fuerte vigilancia policial, el interrogatorio del ícono de la izquierda latinoamericana por el juez anticorrupción Sergio Moro.
Lula llegó por la mañana en una avioneta al aeropuerto Afonso Pena de la denominada "capital de la Lava Jato", la investigación que desveló hace tres años una gigantesca red de sobornos en Petrobras.
Poco después, el exmandatario se encaminó a una reunión con su sucesora Dilma Rousseff aunque, antes, se dio un baño de masas junto a sus seguidores, que gritaban "Lula guerrero del pueblo brasilero".
"Ya estoy en Curitiba para expresar mi solidaridad total al presidente Lula (...). La verdad se impondrá", tuiteó Rousseff, destituida el año pasado por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas.
LEA: Juez anticorrupción interrogará el miércoles al expresidente de Brasil Lula da Silva
Los seguidores de Lula, que podría ver frustradas sus ambiciones de presentarse a las elecciones del 2018 en caso de ser condenado, empezaron a llegar la víspera en autobuses y aviones desde todo Brasil y cientos de ellos acamparon en parques.
La movilización fue organizada por el Partido de los Trabajadores (PT), el Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra (MST) y diversas entidades sindicales y sociales.
La Policía montó una operación de gran escala para separar a los grupos antagónicos y levantó un cerco en torno al edificio de la Justicia, donde solo se permitirá el ingreso de las partes involucradas.
"Para mí, es inocente. Si hubiese algo concreto en su contra, ya estaría preso. Lo que aquí se plantea es una lucha de clases", dijo Gerson Castellano, un militante sindical del sector petrolero de 50 años.
El caso
Lula, de 71 años, responderá los cuestionamientos del juez Moro, de 44, sobre un caso que investiga si recibió un tríplex de lujo en un balneario de Sao Paulo de manos de la constructora OAS, sumergida en el escándalo Petrobras, a cambio de "ventajas indebidas".
La Fiscalía lo acusa de haber recibido 3,7 millones de reales ($1,16 millones al cambio actual) de OAS, incluyendo ese apartamento de Guarujá y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre el 2011 y el 2016.
LEA: Lula es sospechoso de integrar una 'organización criminal' en caso Petrobras
La apertura de la audiencia está prevista a las 2 p. m. (hora en Brasil).
El expresidente está preparado para dar su testimonio al juez Sergio Moro. Y va con la fuerza de la verdad", dijo a la AFP el martes por la noche su abogado defensor, Cristiano Zanin Martins.
Martins sostiene que aún no han probado una sola de las acusaciones, aunque la Fiscalía general incluso lo señala como el "comandante máximo" de la red de sobornos en Petrobras.
Lula "no tuvo ninguna participación en un esquema ilícito en Petrobras. Nada demuestra que eso pasó. Al contrario, las pruebas demuestran su inocencia. Y ahí es donde se constata que es un asunto político", agregó el abogado.
El expresidente lidera holgadamente los sondeos de intención de voto para los comicios del 2018 y los estudios más recientes muestran que la brecha en su favor crece, pese a ser también uno de los políticos con mayor índice de rechazo.
LEA: Expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva enfrenta otra denuncia por corrupción
La sentencia se conocerá en un plazo de 45 a 60 días, aunque algunos analistas apuntan que podría ser en apenas un mes.
El expediente, conocido como el "apartamento de Guarujá", es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan en contra de Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencia y obstrucción a la Justicia.
De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse a un cargo electivo si una eventual condena es ratificada en segunda instancia. Este proceso suele demorar un año, según los plazos habituales del tribunal en Paraná.
El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una persecución que pretende impedirle volver al poder en las elecciones de octubre del 2018.
