Masaya, Nicaragua. La ciudad de Masaya comenzó a enterrar este miércoles a sus muertos por la represión que ha sufrido a manos de las fuerzas gubernamentales, las cuales mantienen su asedio contra la población, que se declaró en rebeldía contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Al menos tres personas murieron la víspera en Masaya, 35 kms al sur de Managua, y uno más falleció en enfrentamientos en Estelí, 110 kms al norte, lo que elevó a 187 el número de víctimas fatales desde que el 18 de abril estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Esto está horrible, ya no se puede vivir en paz, la gente se está muriendo por este gobierno que no se quiere ir”, dijo Ramona Alemán, una ama de casa de 40 años, en el cementerio del norte de Masaya, donde este miércoles enterraban a Marvin López, muerto a tiros la víspera en una trinchera por un disparo de bala en la garganta.
El carpintero Édgar Taleno, de 35 años, contó cómo, junto con sus compañeros, tuvo que escabullirse entre los disparos de las fuerzas del orden para sacar el cuerpo de López.
“Esto es una anarquía total, pedimos a la comunidad internacional que nos apoye. Aquí ya no se puede vivir, están masacrando a un pueblo que no tiene armas”, expresó.
En el entierro, los asistentes cantaron el himno nacional de Nicaragua, gritaron “asesinos” contra el gobierno y dispararon morteros de fabricación casera en homenaje a las víctimas.
Entre tanto, turbas adeptas al gobierno quemaron la madrugada de este miércoles el Hotel Masaya, denunció a la prensa su propietario, el dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril Cristian Fajardo.
“Entraron a mi negocio, regaron combustible dentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de las AK47 que portaban. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado”, narró Fajardo.
El miércoles se escuchaban disparos en distintos puntos de la localidad, mientras que pobladores reportaron balaceras y ataques de hombres fuertemente armados en las ciudades de Jinotepe, León, Matagalpa y Estelí.
“Son situaciones de extrema violencia que ya están sobrepasando los límites, y la verdad es que nos encontramos en una indefensión total”, dijo a la AFP la directora ejecutiva del Cenidh, Marlin Sierra.
El martes, agentes antimotines y grupos parapoliciales llegaron a Masaya, fuertemente armados, vestidos de negro y con pasamontañas, luego de que esta ciudad, históricamente combativa, se declaró el lunes en rebeldía para exigir la salida del poder de Ortega.
Señalando a los grupos alzados contra el gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, advirtió de que el mandatario está “comprometido en frenar esa ola terrorista, de crímenes de odio, secuestros, amenazas, intimidación”.
El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendió el lunes un diálogo a la espera de que el gobierno formalmente invite a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia.
Funerales de asesinados en Masaya, #Nicaragua, tras un operativo gubernamental para retomar la ciudad #VideosLaJornada pic.twitter.com/xEBYhpjuop
— La Jornada (@lajornadaonline) June 20, 2018
Esa convocatoria se había acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el pasado viernes, luego de que el diálogo pasara varios días suspendido por el recrudecimiento de la violencia.
Observación de la crisis
Sin embargo, el gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea (UE) para que investiguen la situación de violencia que asuela el país, según se confirmó este miércoles.
“La Unión Europea, el Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos y la CIDH han informado a los obispos de Nicaragua haber recibido oficialmente las respectivas invitaciones del gobierno”, publicó en Twitter Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.
La Unión Europea, el Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos y el MESENI y la asistencia técnica de la CIDH para la Comisión de Verificación y Seguridad, han informado a los Obispos de Nicaragua haber recibido oficialmente las respectivas invitaciones del Gobierno.
— Silvio José Báez (@silviojbaez) June 20, 2018
El organismo de la ONU confirmó en un tuit “que ha recibido la carta del gobierno (nicaragüense) otorgándonos acceso al país”. “Nuestro equipo está coordinando la logística para dicha visita y prontamente informaremos los detalles”, dijo la entidad.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, informó en Twitter de que un “equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua llegará a Managua el próximo martes con la tarea de acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa de Diálogo y apoyar la sociedad civil”.
Equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para #Nicaragua (MESENI) llegará a Managua el próximo martes con la tarea de acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa de Diálogo y apoyar la sociedad civil. GIEI a su vez se instalará la 1a semana de julio
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) June 20, 2018
Anunció además que en julio llegará al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que la CIDH y la OEA formaron en mayo pasado para apoyar las investigaciones sobre la violencia ocurrida en las protestas antigubernamentales.
Tres activistas nicaragüenses que acudieron este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, advirtieron de que el gobierno de Ortega utiliza el diálogo para continuar la represión contra la población.
“El presidente se ha aprovechado de este diálogo nacional para aumentar los niveles de represión y los niveles de violencia”, manifestó Denis de Jesús Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
El gobierno exige el levantamiento de los bloqueos de vías y la Alianza Cívica, un adelanto de las elecciones del 2021 a marzo del 2019 y reformas en el Poder Judicial.
Las protestas comenzaron contra una reforma a la ley de seguridad social -ya retirada por el gobierno- y se fueron extendiendo para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero de 72 años con 11 años en el poder, que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.
Elegido tres veces desde el 2007, Ortega ha sido cuestionado por sus tendencias autoritarias y por controlar todos los poderes del Estado a través de sus aliados.