México
El canciller de México, José Antonio Meade, descartó la posibilidad de que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto vaya a ser juzgado por algún tribunal internacional por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace dos meses.
"No, en absoluto. De hecho, México ha sido un país de los más abiertos en la región iberoamericana que ha invitado permanentemente para su cooperación a diferentes instancias de todo tipo" para investigar esa clase de casos, respondió a una pregunta expresa durante una entrevista con EFE en la capital mexicana.
Según el secretario de Relaciones Exteriores, México "es probablemente en Iberoamérica el país más visitado por relatores, por instancias de derechos humanos".
"Desde el punto de vista complementario y de la acción (judicial) internacional, esta solamente tendría lugar si acreditara falta de voluntad del Estado mexicano por enfrentar (el caso)" , subrayó.
Meade aseguró que "el Estado mexicano siempre ha dejado claro su absoluta convicción, voluntad y capacidad de enfrentar los retos" que tiene por delante.
En octubre pasado el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo presentó una propuesta de resolución para propiciar la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya en el caso, además de suspender el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE y de los acuerdos bilaterales de seguridad.
Además, en noviembre los padres de los desaparecidos en el estado de Guerrero (sur de México) advirtieron al fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam, de que si no imputa el delito de desaparición forzada o genocidio a los encausados presentarán una denuncia ante la CPI.
Por su parte, Meade remarcó que las autoridades han sumado a las pesquisas a especialistas de Argentina, Chile, Alemania y Austria, e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "otro elemento" de la "arquitectura de integración" del país, manifestó.
Por último, apuntó que las reformas legales planteadas la semana pasada por Peña Nieto, entre ellas varios cambios constitucionales para eliminar las corruptas policías locales y disolver las alcaldías involucradas con el crimen organizado, "habrán de permitirle a México" construir "una mejor vía de futuro".