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Ciudad de México
Cada año, unos 100.000 millones de dólares desaparecen en México. La corrupción, enquistada en la segunda potencia económica de América Latina, deja grandes agujeros que casi nunca son castigados. Presionados por varios escándalos, los partidos políticos ultiman ahora un nuevo sistema legal que extirpe ese “cáncer”.
La idea es que México deje de estar entre los países menos transparentes del mundo, que los políticos rindan cuentas públicamente y que sean castigados si, por ejemplo, aplican las habituales “mordidas” a la hora de asignar contratos públicos que, además de ser una merma democrática, ahuyentan a inversores extranjeros.
“Durante muchos años, una de las grandes quejas de los empresarios era el llamado diezmo, sobornos del 10% en los contratos públicos. Hoy el diezmo se convirtió en 30% o más, en una subasta al mejor postor”, dice Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta organización civil, que cifra en 9% del producto interno bruto el costo de la corrupción para México, es uno de los grupos que más lobby ha hecho en la redacción del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé centralizar las políticas, establecer penas más severas para los corruptos e impulsar un inédito control ciudadano.
Los senadores mexicanos empezaron a aprobar la madrugada del martes la batería de siete leyes que configurarán este nuevo sistema en un periodo extraordinario de sesiones que termina el viernes. Luego pasará a la Cámara de Diputados.
“La corrupción es el problema estructural más importante de México que afecta a la economía, los negocios y la seguridad. La diferencia con otros países es el nivel de impunidad”, reconoce la senadora Laura Rojas, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Entre 2000 y 2013, salieron a la luz 71 casos de corrupción por parte de 41 de los 63 gobernadores. Solo 16 fueron investigados y solo cuatro fueron procesados y hallados culpables.
Los datos corresponden a un un informe del IMCO y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Y no importan los colores. Todos los partidos mexicanos se han visto salpicados por casos de corrupción, tráfico de influencias o incluso de infiltración del narcotráfico.
Hartos de esta situación, los mexicanos castigaron en las elecciones de gobernadores del 5 de junio este comportamiento, que el izquierdista PRD califica de “cáncer”, desde el PAN lo llaman “el principal problema de México” y el presidente Enrique Peña Nieto lo denomina como un “lastre social” y un asunto, a veces, “cultural”.
De entre el conjunto de escándalos, tal vez el caso más sonado haya sido el de la ‘Casa Blanca’: la compra de una fastuosa mansión por parte de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, a un importante contratista gubernamental, que también vendió una casa a su ministro de Hacienda, y que ganó una millonaria licitación para construir el primer tren de alta velocidad de América Latina asociado con un consorcio chino.
Ante la indignación ciudadana, el gobierno suspendió abruptamente el proyecto y prometió investigar si había un conflicto de interés en la compra de la ‘Casa Blanca’ y también en una casa comprada por Peña Nieto a otro contratista siendo gobernador.
Lo hizo de un modo que sorprendió a muchos: resucitando la fiscalizadora secretaría de la Función Pública, cuyo nuevo titular es un cercano colaborador del presidente, que acabó concluyendo que no había ningún conflicto. Antes de eso, la primera dama puso en venta la casa.
La resolución del caso de la ‘Casa Blanca’ fue simbólico para muchos. “Pusieron a un subordinado a resolver el caso, vimos al gobierno como juez y parte”, describe el politólogo José Antonio Crespo, del CIDE.
En el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que posiblemente empiece a funcionar dentro de un año y se replicará en los 32 estados, las cosas deberían funcionar un poco diferente.
El nuevo engranaje estará encabezado por un comité coordinador, presidido históricamente por un ciudadano y que integrará a los titulares de instituciones como el Tribunal Supremo, la secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación con los de órganos de nueva creación, como una fiscalía especializada anticorrupción más autónoma.
Uno de los puntos polémicos del paquete de normas es la llamada “Ley 3 de 3”, una propuesta ciudadana que recogió más de 600.000 firmas para que los funcionarios estén obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Con un ciudadano más empoderado, que podrá usar la figura del delator, el nuevo marco establece inmunidad para el presidente, que podrá ser juzgacuando termine su mandato.
