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Cinco militares mexicanos, entre ellos tres generales, fueron exonerados de las acusaciones por colaboración con el narcotráfico, un nuevo caso emblemático de la lucha contra los cárteles del anterior presidente Felipe Calderón que se derrumba entre señalamientos de un uso político de la fiscalía en ese gobierno.
La actual fiscalía mexicana decidió abandonar por falta de pruebas el proceso contra los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia (en retiro) y Rubén Pérez, el teniente coronel Silvio Hernández (en retiro) y el mayor Iván Reyna, el único que no fue puesto en libertad porque está sujeto a otro proceso anterior.
Tras abandonar la madrugada de este viernes el penal de máxima seguridad de Almoloya (estado de México, centro), los militares responsabilizaron directamente de su detención a Calderón (2006-2012) y a su última procuradora (fiscal), Marisela Morales.
"Al final, el que nos metió a la prisión fue el presidente anterior con la procuradora (...) este proceso ha sido un abuso de poder", dijo el general Escorcia a la prensa.
La detención en abril de 2012 de los militares, entre los que también estaba el general en retiro y exnúmero dos del Ejército Tomás Ángeles Dauahare -liberado previamente el pasado abril también por falta de pruebas-, generó un escándalo mayúsculo en México a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 1 de julio que venció Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional, PRI).
Gran fiasco. El caso fue considerado el de mayor envergadura contra la presunta infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, a las que Calderón (Partido Acción Nacional, PAN) encargó en su presidencia el combate contra los poderosos cárteles de la droga al desconfiar de las policías.
"Vulnerar a generales de la principal institución en la que te apoyas para combatir al crimen organizado sin tener pruebas te habla de ineptitud o de una actitud deliberada para afectar al Ejército", señaló a la AFP Javier Oliva, experto en asuntos de Defensa de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los seis altos militares exonerados en este caso fueron acusados de brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que en los últimos años ha sostenido una cruenta pugna contra sus antiguos aliados del cartel de Sinaloa, que lidera el narcotraficante más buscado, Joaquín el Chapo Guzmán.
De acuerdo con el abogado del teniente coronel Hernández y el mayor Reyna, la fiscalía únicamente fundamentó su acusación en los testimonios de dos antiguos narcotraficantes convertidos en testigos protegidos, apodados "Jennifer" y "Mateo".
El testigo "Jennifer" también fue clave en la llamada "Operación Limpieza", otro de los operativos emblemáticos de Calderón en el que fueron arrestados en 2008 decenas de funcionarios de la fiscalía y otras instituciones que presuntamente integraban una red de protección de los Beltrán Leyva, la mayoría de los cuales ya está en libertad.
El principal detenido en esta operación fue el exfiscal antidrogas Noé Ramírez, quien fue liberado en abril por un juez que concluyó que "Jennifer" mentía en sus declaraciones y pidió investigar a los funcionarios de la fiscalía que le tomaron declaración por una "posible fabricación de pruebas".
"La figura del testigo protegido fue utilizada como instrumento para atacar o eliminar a los enemigos políticos de la administración" de Calderón, dijo a la AFP Arturo Argente Villarreal, director del departamento de Derecho en la universidad privada Tecnológico de Monterrey.
Tanto Oliva como Argente Villarreal apuntan a que detrás de la detención de los seis militares se escondía la intención de dañar a Ángeles Dauahare.
El exgeneral, que ocupó la subsecretaria (viceministerio) de Defensa en los dos primeros años del mandato de Calderón, participó en mayo de 2012 en un evento organizado por una fundación del PRI, al lado del entonces candidato Peña Nieto, en el que cuestionó la estrategia de seguridad de Calderón, lo cual Oliva cree que enfureció al entonces presidente.
"Creo que Ángeles fue un represaliado político" y que la detención del resto de militares fue para reforzar la presentación del caso, dijo Oliva.
Con el país inmerso en una ola de violencia relacionada con el narcotráfico en el que fueron asesinadas más de 70.000 personas, el gobierno de Calderón buscaba con este tipo de detenciones "dar la apariencia de que estaban combatiendo a la corrupción", dijo a la AFP un exfuncionario de la fiscalía durante el anterior gobierno, que pidió el anonimato.
