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La Paz. El nuevo gobierno de Bolivia desplegaba este domingo esfuerzos por lograr el fin de las manifestaciones que en un mes han cobrado 23 muertes, mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le daban un plazo de 48 horas a la presidenta provisional, Jeanine Áñez, para dimitir.
El principal foco del conflicto se concentró en Cochabamba (centro), donde el viernes campesinos cocaleros chocaron con el Ejército y la Policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en un mes de confrontación.
El gobierno ha reconocido oficialmente cinco muertos, y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, esbozó la hipótesis de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.
Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, afirmó que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve campesinos y sostuvo que “todos los muertos son con impacto de bala”.
“Todos con quien he hablado dijeron que (en las manifestaciones) no había ninguna persona civil con un arma”, dijo Becker por teléfono. Según indicó, entrevistó a 50 personas en esa ciudad.
El sábado en la noche, el gobierno de Áñez emitió un decreto que exonera de responsabilidad penal a policías y militares que repriman las protestas "cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
De confirmarse la veracidad del Decreto 4078, #Bolivia estaría violando estándares internacionales de derechos humanos al dar vía libre a las FFAA para actuar en los operativos de reestablecimiento del orden interno sin riesgo de tener que responder penalmente por sus actos. https://t.co/bsO50MRb5g
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 17, 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “grave decreto” que fue difundido durante la jornada en las redes sociales al afirmar que “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.
Según consignó el diario boliviano El Deber, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, señaló que el decreto no es una licencia para matar, sino que los militares actuarán en proporcionalidad en cada situación, lo que no significa el uso de armas de fuego en todos los casos.
Mientras, Jean Arnault, enviado del secretario general de Naciones Unidas, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección del presidente Evo Morales el 20 de octubre.
Morales renunció el 10 de noviembre, acosado por protestas de sus adversarios y por la pérdida de apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
A pesar de la polémica, Murillo indicó que mediante las gestiones del gobierno "los conflictos han bajado en un 50% en intensidad".
En la ciudad de Cochabamba todavía se suscitan “algunos enfrentamientos”, pero su intensidad "está disminuyendo, aseveró el comandante de la Policía Nacional, coronel Rodolfo Montero.
El Alto, punto vital para que llegue combustible y alimentos a La Paz, esta totalmente bloqueado. Kilometros y kilometros de carreteras cortadas #Bolivia pic.twitter.com/4EFjXHiYad
— Francisco Guaita (@Guaitafran) November 16, 2019
En contraste, decenas de personas se reunieron la noche del sábado en un barrio de El Alto, ciudad vecina a La Paz, con pañuelos blancos pidiendo la paz.
Cerca de allí, vecinos seguían bloqueando el único acceso a una planta que distribuye combustible a La Paz, lo que provoca una creciente escasez que ha comenzado a mermar el transporte vehicular en la ciudad.
Gobierno bajo presión
A raíz de los cortes de rutas en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares, lo que ha generado especulación.
El gobierno envió a La Paz un avión con 35 toneladas de carne y prometió otras 25 toneladas de pollo en los próximos días, dijo Justiniano.
Pero la presión contra las nuevas autoridades se mantiene.
Seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales, exigieron la noche del sábado “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez Chávez en un plazo de 48 horas”.
Como parte de un pliego de nueve puntos, los cocaleros, quienes se mantenían estacionados en Sacaba, solicitaron al Poder Legislativo que apruebe una ley “que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”.
Una asamblea de vecinos de El Alto aprobó también “un cerco a la ciudad de La Paz” desde el lunes para forzar “la renuncia inmediata” de Áñez, cuyo nombramiento calificaron de “ilegal”.
A pesar de esas posiciones, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), que tiene mayoría en el Congreso bicameral, llamaron a las bancadas minoritarias a una reunión para el lunes.
El propósito de la reunión es “debatir sobre la coyuntura política” en la perspectiva de “pacificar este país”, puntualizó la diputada del MAS Betty Yañíquez. “El MAS quiere trabajar en armonía”, agregó.
