Bogotá. Un sangriento motín estalló la noche del sábado en una cárcel de Bogotá dejando 23 muertos y 90 heridos, incluidos siete guardias, en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus que obligó al confinamiento de la capital colombiana.
Este domingo, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al dar el parte de lo ocurrido, vinculó los disturbios con un plan de fuga y rechazó las versiones que los atribuían a una protesta por la falta de condiciones en el hacinado sistema penitenciario, para hacerle frente a la pandemia.
"Anoche hubo un intento masivo criminal de fuga en (...) La Modelo y motines en varios centros penitenciarios del país. El resultado del intento de fuga en La Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos", dijo la funcionaria en una declaración a la prensa.
La Modelo es la segunda cárcel de Bogotá después de La Picota, donde también estallaron protestas la noche del sábado.
Según Cabello, 83 reclusos y siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultaron heridos. "No hay fugas, no hubo fugas, se controlaron las fugas", destacó la ministra.
Entre los presos lesionados 32 debieron ser hospitalizados y dos guardias se encuentran "en estado crítico".
#NoticiaW II A esta hora se registra un motín en la cárcel modelo de Bogotá >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/tZmWfCAAhZ
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 22, 2020
Aunque rige el aislamiento obligatorio en Bogotá, una capital de poco más de siete millones de personas, decenas de familiares se agolparon este domingo cerca del penal para tratar de obtener información sobre lo ocurrido, ante el silencio oficial que por varias horas acompañó la tragedia, según un video compartido por la alcaldesa Claudia López.
“Pasaron 12 horas desde los amotinamientos en La Picota y La Modelo sin que @MinjusticiaCo ni @INPEC_Colombia informaran concretamente a los familiares y a la ciudadanía sobre lo sucedido”, se quejó López en Twitter.
En las imágenes, se ve a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría -un organismo de control de la administración pública- hablando a través de megáfonos a gente desesperada que reclamaba saber sobre la suerte de sus allegados.
Situación controlada
El general Norberto Mujica, director del Inpec, informó que sus hombres retomaron el control de las cárceles.
“Nuestro cuerpo de custodia evitó que ese plan de fuga se llevara a cabo. Logramos que hoy (domingo) no estuviéramos dando un parte de más de 5.000 privados de la libertad fugados”, afirmó el oficial en una declaración conjunta con la ministra.
Según el reporte oficial, los desórdenes se extendieron a 13 cárceles en un plan coordinado.
“Se registraron varios delitos, entre ellos, tentativa de homicidio, lesiones personales, incendios y daño en bien ajeno. Adicionalmente, hubo riñas entre los mismos privados de la libertad”, precisó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Alrededor de 123.000 presos están distribuidos en 138 cárceles del país, según cifras del Inpec. La Defensoría del Pueblo ha denunciado un grave hacinamiento, lo que en medio de la crisis por el COVID-19 supone un alto riesgo de contagio.
El jefe de la Procuraduría, Fernando Carrillo, planteó al gobierno declarar de inmediato la "emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público".
La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) apoyó la propuesta, con el ánimo de facilitar excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta los 8 años.
Sin embargo, la ministra de Justicia insistió en asociar los motines a "un plan criminal de fugas" y negó que detrás de los disturbios hubiera un reclamo por "un problema sanitario".
"Hoy no hay ni un solo contagio, ni un privado de la libertad ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus", manifestó Cabello.
Con 231 casos, dos de ellos letales, Colombia se prepara para entrar en cuarentena general a partir del miércoles, en un intento por contener la propagación del COVID-19. La medida alcanzará a 48 millones de personas.