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Managua. Nicaragua solicitó este viernes su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), que desconoció la reelección del presidente Daniel Ortega el 7 de noviembre.
“Me dirijo para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme al artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, afirmó la carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y firmada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada.
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El proceso de salida dura dos años, plazo en el cual Nicaragua debe cumplir con obligaciones que tenga pendientes con la OEA. En la carta, dirigida a Almagro, el canciller aseguró que actúa por instrucciones del presidente Ortega, calificó al organismo regional como un “instrumento de injerencia e intervención” y consideró que su actuar contra Nicaragua busca facilitar la hegemonía de Estados Unidos.
Ortega, un exguerrillero de 76 años y en el poder desde el 2007, obtuvo un cuarto mandato consecutivo con un 75,92% de los votos, aunque los resultados fueron rechazados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.
En los meses previos a los comicios, decenas de opositores, incluyendo siete candidatos presidenciales, fueron detenidos bajo cargos de conspiración y otros delitos, lo que dejó a Ortega efectivamente sin rivales. Estados Unidos le tiene prohibida la entrada a él, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y a sus ministros.
‘No fueron libres’
La decisión de salir del ente regional ocurre luego de que la Asamblea General de la OEA desconoció el pasado 12 de noviembre la legitimidad de las elecciones nicaragüenses, con el apoyo de 25 de sus 34 miembros. Las elecciones “no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, declaró la OEA, que advirtió que tomaría medidas sobre la base de su Carta Democrática, que incluyen la posible suspensión de Nicaragua del organismo.
“Nos parece que no nos conocen”, mencionó el miércoles la vicepresidenta Murillo. “Piensan que este es un mundo de esclavos. Piensan que aquí en este mundo de pueblos luchadores y valientes siguen prevaleciendo las normas coloniales e imperiales”, agregó.
El gobierno aseguró que actuó con base en un llamado que le hizo el lunes el Congreso y que luego fue respaldado por los otros poderes del Estado, todos bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El consenso oficialista es retirarse de la OEA por considerarla “injerencista”. Con su decisión, el gobierno de Ortega dice que busca “que cesen los efectos internacionales nocivos contra de Nicaragua”.
Sin embargo, “esta solicitud de dejar de pertenecer a la OEA no exime al organismo de sus facultades para tomar decisiones y acciones vinculadas al estado de la democracia, seguridad y derechos humanos de Nicaragua”, estimó la opositora Alexa Zamora, del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Serias consecuencias
Analistas han advertido que la salida de Nicaragua del sistema interamericano podría vetar el acceso a préstamos de organismos multilaterales que el país necesita para financiar su presupuesto de proyectos. Las sanciones amenazan, además, con afectar el intercambio comercial.
El año pasado “Nicaragua colocó en el mercado estadounidense el 67,4% del valor total de sus exportaciones de bienes” en Estados Unidos, señaló el economista Néstor Avendaño, de la firma Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades).
Managua mantiene tensas relaciones con Washington a raíz de las condenas y sanciones implementadas contra más de 30 funcionarios nicaragüenses por corrupción y violación a los derechos humanos durante la represión de las protestas contra el gobierno de Ortega en el 2018. De acuerdo a un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las manifestaciones dejaron 355 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales más de 150 continúan presos, y más de 103.000 exiliados.
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Las presiones aumentaron luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden promulgó el 10 de noviembre la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), que habilita imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Ortega, cuya administración Washington considera una “dictadura”.
Ortega ha calificado las sanciones como instrumentos de “agresión” y hostigamiento contra Nicaragua y minimizado sus efectos internos.
