EscucharManagua. El gobierno de Nicaragua y la oposición reanudarán el lunes un diálogo que busca poner fin a la violencia que deja más de 200 muertos en poco más de dos meses, y que se ha recrudecido en los últimos días.
Los representantes del gobierno de Daniel Ortega y de la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia –de la sociedad civil– fueron citados para el lunes a las 10 a. m. por la Iglesia, mediadora del proceso, para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
"No podemos hacer nada que no esté basado en la Constitución. Si queremos hacer algo bueno, tenemos que hacerlo despacio, pero teniendo una meta", declaró a la prensa el cardenal Leopoldo Brenes, quien participa directamente en las conversaciones.
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Silvio José Baez, obispo en Nicaragua. Foto: La Prensa (Julio Estrada)
En la misa dominical en la catedral de Managua, el cardenal manifestó en su homilía que el papa Francisco está "muy preocupado" y "pendiente" de la situación de Nicaragua. "Él está muy interesado en que el diálogo siga adelante porque solamente así se pueden solucionar los problemas", subrayó.
La reunión, cuya sede será el seminario interdiocesano en Managua, se realizará tras la violenta jornada de ataques de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares contra barrios de la capital y de otras ciudades, que dejaron ocho muertos.
Entre las víctimas están un bebé de un año, un adolescente de 17 años y dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde decenas de estudiantes están atrincherados.
"¡Justicia, justicia!", gritaron familiares y amigos durante el desgarrador entierro del niño en un cementerio del oriente de Managua.
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Como parte del diálogo, este domingo llegaron a Managua dos técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el martes lo harán funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, a fin de indagar sobre los hechos de violencia.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático.
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La gente celebra detrás de una barricada después de la llegada de los obispos de la Conferencia Episcopal y los miembros de la Alianza Cívica en Masaya, Nicaragua, el 21 de junio de 2018. Los obispos de Nicaragua dijeron que irían al bastión opositor de Masaya el jueves "para evitar otra masacre", luego de ser atacado por las fuerzas leales al presidente Daniel Ortega. La ciudad, que esta semana se declaró en rebelión al gobierno de Ortega, estaba bajo un ataque "desproporcionado" de la policía y las fuerzas paramilitares, dijo un grupo de Derechos Humanos. AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)
"Es imprescindible (...) que (el gobierno) nos comunique oficial y formalmente su aceptación a la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el 7 de junio", subrayaron los obispos en un comunicado.
Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna por tercer período consecutivo desde 2007, no ha respondido a la demanda, pero se dijo dispuesto a trabajar por la democratización del país.
Las pláticas fueron suspendidas tres veces, la última hace una semana porque el gobierno no había invitado a los organismos internacionales para verificar la situación de derechos humanos. Accedió tres días después.
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El sociólogo Oscar René Vargas consideró que la represión el sábado fue una reacción al informe que dio el viernes la CIDH al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que consigna 212 muertos, 1.300 heridos y más de 500 detenidos en los dos meses de "represión".
"Cree (Ortega) que tiene chance de crear una nueva correlación de fuerzas” antes de que lleguen organismos internacionales humanitarios y se reanude el diálogo, según Vargas.
El gobierno rechaza los señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra las propuestas y de violación de derechos humanos.
En la sesión de la OEA, el canciller Denis Moncada tildó al informe de la CIDH de "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado".
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A barricade with mannequins dressed up as protesters and a banner reading "Ortega nation-seller" is seen in a street of Masaya, Nicaragua on June 20, 2018. The rebel city of Masaya continues the resistance to the siege of pro-government forces, amid a wave of protests that demand the resignment of President Daniel Ortega, and have left more than 180 dead. / AFP PHOTO / MARVIN RECINOS (AFP)
Desde el púlpito, los sacerdotes clamaron en las misas dominicales por un "basta ya de la violencia". "Hago un llamado a que se bajen las armas", clamó el cardenal Brenes.
"Son más de 200 personas muertas inútilmente por balas criminales, víctimas de una agresión y represión que es incontenible", dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
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Varios gobiernos y organizaciones han condenado las acciones de las fuerzas combinadas del gobierno de Ortega, uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, en 1979.
"Como pueblo nicaragüense no estamos solos. Hay preocupación de muchos Estados", agregó Brenes.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó las muertes y pidió el "cese inmediato de toda forma de violencia y represión".
