EscucharJartum. Al menos nueve manifestantes murieron el jueves durante una nueva jornada de protestas en varias ciudades sudanesas contra el golpe de Estado militar de octubre pasado, lo que eleva a 113 el número de víctimas de la represión policial en el país africano desde esa fecha, informó el opositor Comité de Médicos de Sudán.
Este sindicato opositor informó este viernes en su cuenta oficial en Twitter de que en Jartum hubo víctimas por “disparos de las autoridades golpistas contra el pueblo que se manifiesta de forma pacífica conforme a sus derechos constitucionales”.
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Las demás víctimas de la represión policial, incluido un niño, murieron en las ciudades de Bahri y Um Durman, vecinas a la capital. Este comité opositor, que se dedica a contabilizar las víctimas en las protestas y atender a los heridos, informó hoy también de la muerte en un hospital de la capital de un manifestante “que había resultado herido en las protestas del pasado 24 de junio en Jartum tras ser brutalmente golpeado por la culata de un fusil”.
Decenas de miles de personas salieron a las calles el jueves en todo Sudán en el marco de las protestas que se celebran casi cada semana contra la cúpula militar que dirige el país desde la asonada, en las que miles de personas resultaron heridas, según el comité.
La jornada de protestas del jueves estuvo marcada por el corte de los servicios de internet móvil y por cable por parte de las autoridades, una medida que utilizaron en diversas ocasiones para dificultar las comunicaciones entre los manifestantes, según confirmó el portal de monitoreo NetBlocks.
Aun así, decenas de miles de personas salieron a las calles y se dirigieron al Palacio Presidencial de Jartum, la sede del líder militar sudanés Abdelfatah al Burhan, donde hubo choques con la Policía, según el Comité de Resistencia Central, que organiza las protestas en el país africano.
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Esa nueva jornada de represión se produce a pesar de que el miércoles las embajadas de 13 países y la delegación de la Unión Europea (UE) en Sudán urgieran a las autoridades que “garanticen la libertad de expresión” en las protestas y que “aseguren la protección de los civiles para que no se pierdan más vidas”.
