EscucharWashington
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá el jueves en sesión extraordinaria para analizar las protestas violentas de las últimas semanas en Venezuela, mientras que el exgobernante estadounidense Jimmy Carter ofreció sus servicios como mediador.
Carter se ofreció a mediar a través de cartas enviadas al presidente venezolano Nicolás Maduro y al líder opositor Henrique Capriles.
El exmandatario estadounidense dijo que desea reunirse con ambos durante una visita que hará en abril para promover un programa de salud.
En la misiva, Carter exhortó a la oposición a dejar en claro su compromiso de comportarse dentro los límites constitucionales y rechazar de plano la violencia.
Agregó que el gobierno tiene que garantizar el derecho a la liberta de reuniones pacíficas y la justicia imparcial para los manifestantes encarcelados.
El Centro Carter medió entre el gobierno de Venezuela y la oposición tras un golpe de Estado contra el fallecido presidente, Hugo Chávez, en el 2002.
Según un comunicado de la OEA, el Consejo Permanente debatirá el jueves si convoca a los cancilleres a una reunión de consulta.
La OEA usualmente adopta decisiones mediante consenso, pero también podría hacerlo si se consigue una votación a favor de 18 estados miembros.
El embajador panameño ante la OEA, Arturo Villarino, dijo que es necesario tomar alguna acción más allá de lo hecho hasta ahora por el Consejo Permanente, que ha tratado el tema de Venezuela -en criterio del diplomático- sin profundidad y sin propuestas.
Cuando el Consejo Permanente abordó la semana pasada la situación en Venezuela de manera informal, el gobierno de Maduro rechazó las críticas de Estados Unidos y Canadá sobre el respeto a los derechos de expresión y libre asociación.
Numerosas delegaciones se limitaron a lamentar la violencia y llamar al diálogo en Venezuela, pese a que decenas de manifestantes pedían con consignas y pancartas a la OEA que active la Carta Democrática Interamericana.
Opositores y activistas de derechos humanos han denunciado que la Guardia Nacional y la policía han incurrido en excesos y abusos al contener las protestas, lo que fue objetado por las autoridades.
Maduro ha rechazado las protestas considerándolas parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
