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Brasilia
Legisladores oficialistas de Brasil buscan frenar en la Corte Suprema el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por adulterar las cuentas públicas.
Como parte del dispositivo puesto en marcha para la lucha de poder desatada entre la mandataria y el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, legisladores del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) presentarán ante el máximo tribunal un cuestionamiento a la legalidad del pedido y la exposición de las razones que consideran están detrás de su aceptación.
Este paso inicial para destituir a Rousseff, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, hunde a la sétima economía del mundo en una crisis de final desconocido a solo ocho meses de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, en momentos en que atraviesa una profunda recesión que, según todos los pronósticos, será la más larga desde 1930-1931.
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"Estamos estudiando una serie de medidas que tienen por objeto impedir la instalación del proceso (...) Vamos a presentarlas a la corte, por abuso de poder (de Cunha) y utilización de la estructura del Poder Legislativo para defenderse", dijo a la AFP el diputado dl PT Paulo Pimenta.
Se espera que Cunha presente formalmente al plenario su decisión este jueves y pida la formación de una comisión especial de 66 miembros, que evaluará si debe proseguir o ser archivada. Una vez instaurado ese cuerpo legislativo, Rousseff tendrá diez sesiones para defenderse.
Luego el plenario de la cámara baja deberá votar la moción, que será aprobada si 342 de los 513 diputados levantan su mano afirmativamente, en cuyo caso pasará al Senado.
En caso de que los diputados den continuidad al proceso, la presidenta será separada de sus funciones por un máximo de seis meses mientras el Senado la juzga. Para escapar de una destitución, Rousseff deberá ser apoyada por 54 de los 81 integrantes de la cámara alta.
Cunha, un legislador evángelico afecto al cálculo y a jugar fuerte, fundamentó su decisión en unos gastos autorizados por decreto que indican una violación a la ley de Presupuesto y constituyen un "delito de responsabilidad", figura que solo atañe a funcionarios públicos.
La aceptación de ese pedido sumerge a Brasil en una etapa turbulenta tras un 2015 negativo. "El año que no existió", según lo definió en una nota el financista André Perfeito.
El politólogo David Fleischer, por su parte, cree que a medida que pasen los meses aumentará la presión sobre la atribulada figura presidencial.
"Es posible que el juicio de Dilma solo pueda terminar en junio de 2016, justo antes de que comience la campaña por las elecciones municipales. Y es aún más probable que la desgastada imagen del PT empeore al punto de tratar de convencer a la presidenta de que renuncie", dijo en un reporte escrito.
Cunha dio encarnadura a los peores temores del Palacio de Planalto: investigado por la fiscalía por haber cobrado sobornos para facilitar negocios en Petrobras, decidió "morir disparando", en palabras de asesores de Rousseff.
Cunha, que irónicamente pertenece al centrista PMDB en cuyas filas figura también el vicepresidente Michel Temer, apretó el gatillo el mismo día que el PT dijo que sus tres diputados en el consejo de ética del Congreso apoyarían que sea investigado por ocultar multimillonarias cuentas en Suiza, algo que podría terminar con su mandato.
"Está declarada la guerra contra aquellos que no quieren que el país funcione (...). Estamos preparados para enfrentar este proceso", dijo José Guimaraes, líder del oficialismo en la Cámara de Diputados, al filo de la agitada noche del miércoles.
Y la guerra entre Rousseff y Cunha es ahora televisada.
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La presidenta dijo anoche a los brasileños que no aceptará ser chantajeada y mencionó una supuesta negociación de los votos del PT en el consejo de ética a cambio de archivar el pedido de impeachment.
"La presidenta mintió", insistió varias veces Cunha este jueves. "No existe esa historia de (...) que alguien está haciendo algún tipo de chantaje (...). El gobierno tiene mucho para explicar a la sociedad", añadió.
Cunha rechazó más de 30 pedidos de impeachment y aceptó el realizado por juristas independientes, incluido un exfundador del PT, Helio Bicudo, presentación apoyada por varias fuerzas opositoras, entre ellas el PSDB (centro-izquierda), cuyo candidato Aecio Neves perdió la segunda vuelta contra Rousseff por un margen de apenas 3%.
El PT fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, clave en el proceso que condujo a la renuncia del presidente Fernando Collor en 1992, en la antesala de un juicio político por corrupción, busca detener la avanzada opositora para no jugar su destino en la cámara que conduce Cunha.
