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Caracas. EFE y AFP. El bloque de oposición, que desde el martes controla la Asamblea Nacional de Venezuela , tiene el ojo puesto en el mandato del presidente Nicolás Maduro y se propone alejarlo del poder tan pronto como este mismo año.
Lo dijo el nuevo presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, quien agregó que en seis meses se decidirá la “salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno.
En su primer discurso tras ser investido como presidente del Congreso, puntualizó que tal objetivo, al igual que la promulgación de una ley de amnistía para los presos políticos, constituyen “compromisos no transables”.
La nueva Asamblea, donde la oposición domina con 112 de los 167 escaños, inició funciones el martes y marca el fin de casi 17 años de hegemonía ejercida por el chavismo. Cuatro legisladores –tres de la Mesa de Unidad Democrática (MUD, opositores) y uno del oficialismo– no se juramentaron pues su elección está impugnada ante la Justicia.
Puerta para Maduro. Las fuerzas opositoras al Gobierno anunciaron que sus dirigentes acordaron en julio darse, a partir del martes, un plazo de medio año para decidir “la vía constitucional” para una salida anticipada de Maduro, elegido en el 2013 y cuyo mandato vence en el 2019.
Las opciones –indicó Ramos– son el referendo revocatorio del mandato presidencial (puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su periodo), la enmienda constitucional, la renuncia voluntaria o el establecimiento de una asamblea constituyente.
“Aquí, hoy (martes) las cosas cambian”, sentenció.
“El cambio no es cuestión de calendario, no es una cosa etaria o cronológica, es un hecho de cambio de actitud, de cambio de sistema, de cambiar lo que está mal, muy mal y derivará en peor”, subrayó desde la tribuna del hemiciclo, donde fue notoria la ausencia del retrato de Hugo Chávez colocado después de su muerte en marzo del 2013.
Nicolás Maduro advirtió el lunes de que los diputados tendrán inmunidad, pero no impunidad si “conspiran” con un “golpe parlamentario”.
Ramos Allup confirmó que “en los próximos días” debe recibir en el hemiciclo a Maduro y lo hará “con dignidad y respeto” .
“En los próximos días vendrá aquí el presidente de la República a rendir su mensaje anual, él y sus ministros, a rendir memoria y cuenta; lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica” , dijo.
Ramos Allup, uno de los más firmes opositores a Maduro, recordó que los diputados no tienen entre sus atribuciones aprobar o no el balance anual de la gestión presidencial, pero recordó que sí el de los ministros.
Amnistía en agenda. Por otra parte, la amnistía para políticos presos abrirá la batalla en el nuevo Parlamento, donde la ahora minoría chavista promete impedir que algunos de sus mayores adversarios, como Leopoldo López, vuelvan a escena.
Amparada en una amplia mayoría, la MUD quiere golpear fuerte desde el inicio, mediante el indulto a unos 75 detenidos.
Pero aún con su amplia ventaja en la Cámara, a la MUD le espera un intrincado camino para poder ver en libertad a dirigentes como López, líder de su ala radical; al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, o al excandidato presidencial Manuel Rosales.
El plan incluye a miles de “perseguidos” y exiliados, declaró Delsa Solórzano, su promotora.
Al aducir que algunos de sus potenciales beneficiarios son violadores de derechos humanos, Maduro anunció que no aceptará “ninguna ley de amnistía”.
Juristas aseguran que Maduro no tiene facultad para bloquear la ley, aunque podría impugnarla ante la Sala Constitucional, una instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Trece magistrados del TSJ fueron nombrados por la saliente mayoría chavista en la Asamblea en tiempo récord durante sesiones extraordinarias, como parte del blindaje ante el nuevo escenario legislativo.
Cuando reciba la ley, Maduro tendrá diez días para vetarla o aprobarla, pero en cualquier caso la Asamblea Nacional la puede promulgar.
Y aun cuando el mandatario socialista la impugne, al ser un “acto polític”" el TSJ solo puede controlar que no se viole la prohibición de perdonar delitos de lesa humanidad, explicó el abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
“Lo único que puede hacer la Sala es revisar si cumple con los parámetros” del artículo sobre crímenes atroces. “Es un acto político, soberano, una facultad de la Asamblea”, señaló Himiob.
