EscucharAsunción. AP. El caso de una niña embarazada de 10 años es reflejo del machismo cultural paraguayo y la benevolencia de las leyes para castigar la violación y el abuso de menores.
A esto se suman la falta de educación, el consumo excesivo de alcohol y el alto nivel de pobreza, dijo ayer el fiscal Roberto Velázquez, especializado en delitos en materia sexual y contra personas indefensas.
“Según mi hipótesis como fiscal, elaborada con base en las observaciones y la experiencia, las violaciones ocurren con mayor frecuencia en la clase social baja, con estos componentes: machismo recalcitrante, consumo excesivo de bebida alcohólica de parte del hombre, falta de educación y concubinos con cinco o seis hijos cohabitando; es decir, durmiendo todos en una misma habitación sin protección de la intimidad”, explicó Velázquez.
Tras la difusión del caso de la niña de 10 años embarazada de cinco meses, a quien la Justicia le negó autorización para someterse a un aborto, el abuso de menores volvió a la primera plana y ha generado debates en diferentes sectores sobre sus causas y la posibilidad de autorizar los abortos terapéuticos.
En Paraguay, la interrupción del embarazo está prohibida, excepto cuando la vida de la madre corre peligro.
La Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud informó de que en el 2014 hubo 680 niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron un bebé.
Karina Pérez, directora de Psicología de la unidad de Victimología de la Fiscalía General, informó: “Anualmente atendemos unos 4.000 casos de violencia contra mujeres y el 50% corresponde a abuso sexual de menores de 14 años”.
La activista social Angelina Barrientos, de la ONG Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas , señaló que el machismo “es una realidad en todo el Paraguay, no hay motivos para negarlo”, pero se lucha contra tal conducta.
“El abuso sexual contra niñas es una práctica criminal –agregó– que no siempre se denuncia porque las menores o sus madres tienen miedo de que el autor les haga un daño mayor, tal vez matarlas”.
El abogado Víctor Melgarejo comentó que “el Código Penal es muy benévolo con los violadores de menores y establece pena carcelaria de 3 a 15 años”.
Añadió que “lo ideal” sería que toda violación se tipificara como crimen, porque de esa manera podrían aplicarse castigos mayores.
