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Managua. El Parlamento de Nicaragua, controlado por el partido del presidente Daniel Ortega, integró este domingo la “Comisión de la Verdad” para esclarecer la muerte de alrededor de 45 personas durante protestas antigubernamentales hace dos semanas.
El panel lo conforman cinco miembros quienes, según el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, actuarán al margen de ese poder de Estado y “están totalmente libres de hacer las investigaciones que crean”.
Los integrantes de la Comisión son “notables nicaragüenses de diferentes sectores que están de acuerdo con el diálogo y paz”, expresó Porras al realizar la juramentación, tras una sesión plenaria de 20 minutos. Ese comité fue creado el 30 de abril por la Asamblea.
Deberán informar de los resultados de sus investigaciones en un plazo de tres meses, según Porras, un allegado al presidente Daniel Ortega, máximo líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder).
Los miembros del grupo son el sacerdote Francisco Uriel Molina Olúe, Jaime Francisco López Lowery, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua); Mirna Cunningham, exrectora de Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense; el abogado Adolfo Jarquín Ortel, subprocurador de Derechos Humanos, y el académico e intelectual Cairo Melvin Amador.
Según el semanario Confidencial, la mayoría son "cercanos al orteguismo".
La Comisión de la Verdad que se establezca en Nicaragua debe contar con la credibilidad de todos los sectores y debe ser independiente y autónoma https://t.co/9IeoT4NhHn
— CIDH - IACHR (@CIDH) May 4, 2018
Las protestas contra una reforma al sistema de pensiones, impuesta por el gobierno, las empezaron estudiantes el 18 de abril y se extendieron a otros sectores. La represión de la Policía y los ataques de turbas prosandinistas causaron unos 45 muertos y 400 heridos en todo el país, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), un organismo independiente.
Ortega revocó la reforma, que entre otras medidas aumentaba la cuota patronal y laboral, y reducía la pensión a jubilados, a la vez que convocó a un diálogo con mediación de la Iglesia católica, cuya fecha de inicio aún no ha sido definida.
Órgano cuestionado
El cuerpo de investigación ya era cuestionado antes de su juramentación por opositores al gobierno y organismos independientes de derechos humanos.
La Iglesia católica, empresarios, estudiantes y defensores de derechos humanos reclaman una pesquisa independiente con presencia internacional para determinar la responsabilidad por las muertes ocurridas en cinco días de protestas.
Pero el gobierno rechazó una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar de forma urgente una visita al país para evaluar la situación en el terreno.
El Ejecutivo pidió a la CIDH, órgano autónomo de la OEA, esperar el resultado del diálogo y la creación de la Comisión de la Verdad.
Para el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, la Comisión debió estar constituida por personalidades notables extranjeras “para encontrar responsables y llevarlos ante la justicia. Ese es el punto de partida del diálogo”, declaró el sábado a la cadena de televisión CNN.
Añadió: “La sociedad exige el esclarecimiento del terrible genocidio en contra de jóvenes que reclamaban desarmados”.
Báez forma parte de la comisión mediadora de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en el diálogo convocado por Ortega.
El prelado es del criterio de que en las conversaciones debe revisarse “el sistema político de Nicaragua desde la raíz”, como lo consignó un documento emitido por la CEN.
Por su parte, La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) insistió en que es perentoria la participación de la CIDH en la investigación que esta permita llevar a los tribunales a los responsables de la represión.
Además, estudiantes nicaragüenses formaron el sábado una coalición para unificar propuestas y acciones que garanticen “la justicia y democracia”, en el diálogo anunciado por el gobierno de Daniel Ortega.
“Hemos acordado formar una coalición de estudiantes universitarios y sociedad civil que pretende articular políticas sociales y culturales que garanticen la justicia y democracia” en Nicaragua, anunciaron en un comunicado leído por uno de sus representantes en rueda de prensa.
La alianza la forman la Alianza Universitaria Nicaragüense, el Movimiento Estudiantil 19 de abril y el Movimiento Universitario 19 de abril
