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En pleno intento de relanzar las negociaciones, las tensiones en el Sahara Occidental se han visto exacerbadas esta semana por las conclusiones de la justicia europea, críticas con la gestión de la pesca en esta zona por parte del gobierno de Marruecos.
En línea con los argumentos de los independentistas, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE consideró el miércoles que “la explotación pesquera de las aguas adyacentes al Sahara Occidental (...) no respeta el derecho del pueblo de este territorio a la autodeterminación”.
Una asociación prosaharaui, Western Sahara Compaign (WSC), que milita por el reconocimiento del derecho del pueblo del Sahara Occidental a la autodeterminación y denuncia el saqueo de sus recursos naturales, acudió a un tribunal británico y este se dirigió a su vez a la instancia europea.
Ampliamente comentada por la prensa argelina y marroquí, la opinión del abogado que detalla la historia del conflicto y su jurisprudencia llama al tribunal a juzgar “inválidos” los acuerdos que contradicen el “derecho internacional”.
Inmenso territorio desértico de 266.000 km2, con 1.100 km de costa atlántica rica en peces al norte de Mauritania, el Sahara es el único territorio del continente africano cuyo estatuto poscolonial aún no se ha zanjado. Marruecos controla desde 1975 el 80% de la excolonia española, y el Frente Polisario el 20%, separados por un muro y una zona de amortiguación controlada por los cascos azules de la ONU.
Después de décadas de statu quo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, encargó el año pasado a un nuevo enviado especial relanzar las negociaciones entre dos bandos irreconciliables: el Frente Polisario, apoyado por Argelia, quiere un referéndum de autodeterminación que pueda llevar a la independencia, y Marruecos rechaza cualquier solución a la autonomía bajo su soberanía.
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Este intento de relanzar las conversaciones fue acompañado por un aumento de las tensiones en el terreno, que llevó a Guterres a pedir a principios de enero a ambas partes “mostrar moderación y evitar cualquier escalada”.
El viernes, el ministro marroquí del Interior, Abdelouafi Laftit, recibió al nuevo jefe de la Minurso (misión de la ONU en el Sáhara Occidental), Colin Stewart, con una “advertencia de las autoridades marroquíes ante la continuación de las provocaciones y actos del Polisario en la zona fronteriza”.
En este contexto, el debate sobre el acuerdo pesquero UE-Marruecos “es ante todo político”, según el universitario Mohamed Baenhamu, del Centro marroquí de Estudios Estratégicos.
El Frente Polisario pidió a la UE “asumir las responsabilidades jurídicas y morales que le corresponden para una solución justa”. Marruecos, por su parte, destaca sus esfuerzos de desarrollo en la zona bajo su control y advierte a la UE sobre los desafíos globales de una asociación que atañe también a la lucha contra el terrorismo y la inmigración, según una nota de análisis.
La cuestión es aún más sensible porque la UE y Marruecos se preparan para negociar un nuevo protocolo de pesca, ante el vencimiento del actual el próximo julio.
En un reciente informe, la Comisión Europea insta a reconducir el acuerdo, y celebra un “buen retorno de la inversión”, con “por cada euro invertido (...) la creación de 2,78 euros de valor añadido para el sector de la pesca” europea.
Entre 2014 y 2018, los arrastreros de pesca industrial autorizados por el acuerdo capturaron 83.000 toneladas al año de media -en su mayoría en las aguas del Sahara- por un valor de unos 80 millones de euros, de los que Marruecos obtuvo una contrapartida anual de unos 40 millones de euros, según este informe.
A finales de 2016, la justicia europea consideró que el acuerdo de libre comercio sobre los productos agrícolas y la pesca entre Marruecos y su principal socio comercial, la UE, no atañe al Sáhara, y abre la vía a numerosas soluciones.
