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Santiago. El director de la policía chilena (Carabineros), general Mario Rozas, anunció el martes la suspensión del uso de las escopas antidisturbios que disparan perdigones que han dejado más de 200 jóvenes sin la visión en un ojo y han herido a miles más en la represión de las protestas que estallaron hace 33 días.
Rozas enfatizó que solo podrán ser utilizadas en casos cuando peligre la vida de los policías o de civiles. El general, cuestionado ampliamente por la actuación de la policía en el último mes y a quien incluso se ha pedido su renuncia, leyó un comunicado con el anuncio y no aceptó preguntas.
Explicó que la información proporcionada por el proveedor extranjero de las armas, cuyas balas de 12 milímetros al dispararse se abren en 12 perdigones de ocho milímetros y 70 gramos, no coincide con los antecedentes proporcionados el fin de semana por expertos de la Universidad de Chile y por el propio Laboratorio Criminalístico institucional. La policía aseguraba hasta el martes que se trataba de municiones de goma.
"Solo podrán ser usadas como una medida extrema y de legítima defensa” de policías y civiles, anunció.
Ante innumerables denuncias de heridos por balines y perdigones, el 10 de noviembre el mismo Rozas había informado de que el uso de las escopetas antidisturbios sería restringido.
Un joven de 21 años está grave luego que en la víspera, en medio de disturbios, recibió tres perdigones que impactaron en una pierna, tórax y en la tráquea.
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Ante una desbordada represión de las protestas desde el 18 de octubre, representantes de Amnistía Internacional, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Human Rights Watch están en Chile para investigar las denuncias de un uso desproporcionado de las escopas antidisturbios.
Horas antes, una decena de legisladores opositores de Chile presentó una Acusación Constitucional -mecanismo para vetar a un político- contra el presidente Sebastián Piñera. De prosperar, podría llevar a la destitución del mandatario.
La medida fue promovida por 11 diputados de distintos partidos por las violaciones a los derechos humanos en las que habrían incurrido la policía y las Fuerzas Armadas para contener el estallido social que sacude a Chile desde hace semanas. La acusación se enfoca en el proceder de ambas instituciones durante el estado de excepción decretado por Piñera al comienzo de la revuelta, en la madrugada del 19 de octubre y que duró nueve días.
Esta situación “ha infringido claramente la Constitución y las leyes, y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación”, señaló a medios la diputada comunista Carmen Hertz, una de las firmantes de la acusación.
Para que la medida se apruebe se requiere el apoyo de dos tercios en cada cámara, es decir, 93 diputados y 26 senadores. Sin embargo, es poco probable que avance, ya que la oposición en su conjunto no cuenta con este número de legisladores.
Chile vive un estallido social sin precedentes desde que el 18 de octubre el alza de los precios del subterráneo derivara en protestas generalizadas que demandan mejores salarios y pensiones, reformas en educación y salud pública y una nueva Constitución escrita por el pueblo.
La Fiscalía investiga 26 muertes en el contexto de las movilizaciones sociales, informó el martes, al menos cinco de ellas a manos del agente del Estado y dos bajo custodia de éste.
