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Santiago. La Policía de Chile se encuentra ante el doble desafío de contener crecientes niveles de violencia social y responder a denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un contingente que comienza a dar señales de precarización a pesar de su prestigio pasado.
En más de 40 días de manifestaciones, saqueos e incendios, que se saldan con 23 muertos y miles de heridos, Carabineros de Chile enfrenta denuncias de atropellos a los derechos humanos en el control de las protestas y la detención de los manifestantes, sumadas a cuestionamientos por su ineficacia a la hora de enfrentar asaltos al comercio o proteger la propiedad privada.
En un intento por controlar la situación de desorden Piñera presentó un proyecto para que los militares resguarden infraestructura crítica y dijo que pidió ayuda técnica a policías de Inglaterra, Francia y España.
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La Policía francesa negó este miércoles que estuviese acordado asesoramiento sobre mantenimiento del orden. El Ministerio del Interior español acusó recibo de la solicitud pero aclaró que “no hay una decisión tomada”.
Un reporte de Human Rights Watch, divulgado el martes, denunció el uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, con golpizas brutales y violencia sexual, en línea con un anterior informe de Amnistía Internacional.
Reprochan especialmente el uso de las escopetas antidisturbios, que han dejado casi 300 personas con lesiones oculares severas por perdigones. El caso más dramático es el del estudiante de 21 años Gustavo Gatica, que perdió la visión de ambos ojos tras acudir a una manifestación en la céntrica Plaza Italia el 8 de noviembre.
"Creemos que los abusos no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes. Estos casos obedecen a conductas que se han ido repitiendo", afirmó José Miguel Vivanco, de HRW.
Alta violencia
Con 60.000 hombres, Carabineros de Chile es una policía militarizada. En el año 2011 dejó de depender del ministerio de Defensa para pasar al Ministerio del Interior y Seguridad tras una reforma que buscó darle un carácter más social.
Hasta hace cuatro años era una de las instituciones más respetadas del país, pero un escándalo de corrupción que involucró a la alta jerarquía con una malversación de casi 35 millones de dólares, hizo bajar los niveles de apoyo ciudadano, que pasó de 61% antes del estallido social al 38%, según la encuesta Cadem del 16 de noviembre.
Nunca antes había esta policía había enfrentado estos niveles de violencia social, en la que son blanco de insultos y ataques ciudadanos durante largas jornadas.
Hasta antes de 18 de octubre los enfrentamientos involucraban de 300 a 200 personas “pero hoy, estamos hablando de 3.000 personas violentas que están enfrentándose a un nivel de violencia que nosotros no habíamos vivido, con bombas molotov, armas de fuego y utilizan hondas con balines de acero”, indicó el coronel y vocero de Carabineros, Julio Santelices.
En las protestas, 2.210 policías han resultado heridos, mientras que han sido atacados 188 cuarteles y 971 vehículos policiales.
Ya van más de 40 días que "los carabineros están trabajando 15 horas diarias sin ningún descanso a la fecha. No nos hemos detenido", agregó Santelices.
Autonomía policial
La falta de entrenamiento policial y la carencia de un control civil aparecen como las principales falencias de la institución.
HRW describe que los policías solo cuentan con dos semanas para estrenarse en el uso de la escopeta antidisturbios y que el total del entrenamiento de las fuerzas especiales es de dos meses. Solo la mitad de las comisarías del país cuenta con cámaras para grabar los procedimientos y las imágenes se guardan por pocos días.
“El pecado de la policía es amplio. Lo que ha habido por muchos años en Chile, es una policía que ganó autonomía de forma profunda, donde el mundo de la política abandonó la capacidad de control sobre el ejercicio efectivo de las tareas policiales y la administración”, explica Lucía Dammert, experta en seguridad de la Universidad de Santiago.
Dammert considera que el uso de la violencia no es nueva en la Policía chilena y podría explicar también el odio que le expresan en las calles.
"La mala respuesta policial tiene que ver con una situación que no era esperable, con niveles de violencia a los cuales ellos no estaban preparados, pero también por un ejercicio de la violencia que se ha tolerado por mucho tiempo en Chile y que ahora se ha desnudado frente a la mirada de la ciudadanía en general por la cantidad de tiempo que ha tomado nuestro proceso", agrega la experta.
Para intentar restaurar el orden público, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que a partir del lunes 2.500 nuevos efectivos saldrán a las calles tras acelerar la graduación de nuevos funcionarios.
