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Brasilia. EFE y AFP. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quedó este miércoles contra las cuerdas, una vez que el jefe de los diputados, Eduardo Cunha, aceptó abrir un juicio con miras a su destitución por irregularidades cometidas desde el 2014.
“Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, declaró Rousseff en un breve pronunciamiento en el palacio presidencial de Planalto, tras conocerse la decisión.
“Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido, así como de su justo archivo. No podemos dejar que conveniencias indefendibles debiliten la democracia y la estabilidad de nuestro país”, agregó.
El jefe de la Cámara acató un [[BEGIN:INLINEREF LNCVID20151202_0013 ]]pedido de juicio político[[END:INLINEREF]] ( impeachment ) presentado por juristas y cuatro partidos opositores que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados del 2014 y que continuaron este año, según organismos de contraloría del Estado.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, oficialista), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, el primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria.
Sin embargo, Cunha se enemistó con Rousseff durante ese año y hace meses anunció su decisión “ personal” de pasar a engrosar las filas de la oposición.
El jefe de los diputados comunicó su decisión precisamente el día en que el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, informó de que apoyará la apertura de un proceso que puede despojarlo de su mandato por sus implicaciones en la corrupción en la petrolera estatal Petrobras .
Sin embargo, Cunha negó que se tratara de una “venganza” frente a eso y aseguró que decidió sobre las mismas bases jurídicas que lo llevaron a rechazar 27 peticiones similares.
No obstante, Rousseff aludió a ello al citar que en los últimos días hubo conjeturas en la prensa sobre una posible negociación del PT, que negaría apoyo al juicio contra Cunha a cambio de que este no aceptara el proceso contra la mandataria.
“Jamás aceptaría” negociaciones de esa naturaleza y “mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública”, declaró la presidenta.
‘Naturalidad’. En la oposición, el anuncio de Cunha fue recibido con cautela, pero, al mismo tiempo, con “toda naturalidad”, según dijo el senador Aécio Neves.
“El presidente de la Cámara de Diputados tomó la decisión que le cabía, ajustada a la Constitución”, dijo Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña.
El pedido de Cunha se refiere a unas deudas por 57.000 millones de reales (unos $14.805 millones) que el Gobierno ha acumulado con la banca pública y que hasta ahora no habían sido contabilizadas en los balances oficiales.
Esas deudas son consecuencia de que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
El Tribunal de Cuentas, organismo contralor del Estado, ha considerado que el Gobierno ha incurrido en “irregularidades graves” al dejar acumular esas deudas y valerse de los recursos de la banca pública para garantizar el pago de sus compromisos.
Según la oposición y algunos juristas, es un “delito de responsabilidad fiscal” que la Constitución contempla como una de las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Rousseff cuenta con una amplia base parlamentaria, pero de la que se encuentra distanciada a raíz del impacto de la investigación en Petrobras y un impopular paquete de ajuste fiscal con el que intenta atajar la grave crisis económica del país .
