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Quito. Ecuador impuso este jueves el estado de excepción para intentar aplacar la ira social que estalló en las calles, con duros choques con la policía, tras el fin de subsidios a combustibles acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Acosado por un alto endeudamiento y falta de liquidez en la dolarizada economía, el gobierno del presidente Lenín Moreno pactó un millonario programa de créditos con el organismo que incluye el desmonte de esos subsidios.
El consecuente incremento de las tarifas del diésel y la gasolina de hasta un 123%, que empezó a golpear a los bolsillos de los ecuatorianos a partir de este jueves, precipitó una huelga nacional de transportistas.
Miles de manifestantes se movilizaron en varias ciudades e incluso grupos ya exigen la salida de Moreno del poder en medio de enfrentamientos a piedra y bombas incendiarias con la Policía, que dejan 19 detenidos, según un balance provisional.
El mandatario endureció su respuesta y decretó la medida de excepción por 60 días para "evitar el caos".
Sin embargo, en Quito, los manifestantes se mantuvieron en las calles en un abierto desafío al gobierno, que quedó facultado para emplear la fuerza armada en el control del orden público, restringir el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.
"¡Que se vaya el viejo (Moreno)! Si ahora sube la gasolina mañana será el gas (que mantiene el subsidio) que usamos todos. Eso no podemos permitir", afirmó Luz Aguirre, una desempleada de 47 años.
Las protestas se tornaron violentas en la tarde. Con gases lacrimógenos y a la fuerza, la Policía desalojó a algunos de los grupos que reclamaban en cercanías de la sede de gobierno. Varios periodistas locales fueron agredidos en medio de los choques.
El fantasma del derrocamiento
Sin un sólido apoyo en el Legislativo y las encuestas en contra, Moreno lidia con las primeras consecuencias del convenio que suscribió en marzo con el FMI para obtener créditos.
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Los transportistas pararon en varios puntos y universitarios salieron a las calles en Quito en el marco de la mayor huelga en Ecuador desde la llegada de la izquierda al poder en el 2007. Este jueves también fueron suspendidas las clases en el país.
En la capital los autobuses y taxis dejaron de circular. Lo mismo sucedía en otras ciudades, en protesta por el aumento de los combustibles que eran los más baratos y más utilizados en Ecuador.
El jueves el galón americano de diésel pasó de $1,03 a $2,30 y de gasolina corriente de $1,85 a $2,40, por lo que organizaciones de indígenas y sindicales también prevén protestar.
El malestar social evoca el pasado de inestabilidad en el pequeño país petrolero. Tres presidentes –dos de ellos que intentaron reajustes económicos– fueron derrocados entre 1996 y el 2007, cuando Ecuador llegó a tener siete mandatarios.
Dura prueba, peor dilema
Se trata de una dura prueba para el gobierno de Moreno, que le achaca el deterioro de las finanzas públicas a su antecesor y exaliado Rafael Correa (2007-2017).
Sin embargo, “esperaría que estas protestas no tengan la presión para que el gobierno eche atrás las medidas. Esperemos que no porque sería una señal de debilidad enorme del gobierno, que le implicaría mayores problemas que los que está intentando resolver”, dijo el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
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Los precios quedaron sujetos a los del mercado una vez que Moreno eliminó los subsidios, que demandaban unos $1.300 millones anuales. Hace un año ya liberó el de la gasolina premium, que ahora cuesta 3,15 el galón.
La medida es parte de reformas tributarias y laborales que el Ejecutivo impulsa en función del acuerdo con el FMI para conseguir créditos por $4.209 millones.
El sector del transporte demanda que se dejen sin efecto los aumentos o que haya compensaciones económicas.
El ministro responsable de esa área, José Martínez, señaló que se analiza ajustar "levemente" los pasajes de autobuses provinciales, mientras que la revisión de las tarifas urbanas corresponde a los municipios.
Otros organismos multilaterales también entregarán $6.070 millones en préstamos a Ecuador, que por falta de liquidez ha emitido bonos de deuda por más de $10.000 millones.
Su pasivo externo trepó a $39.491 millones (36,2% del producto interno bruto, PIB) en julio, creciendo en casi 47% en el actual gobierno.
