Washington. Los llamados a reformar la Policía se replican en todo Estados Unidos, pero la tarea es desalentadora. Con el Poder Judicial y sindicatos policiales apoyando a los agentes, las fuerzas del orden exudan una fuerte sensación de impunidad.

Desde el asesinato de George Floyd, un afroamericano de 46 años asfixiado por un policía blanco hace dos semanas en Minneapolis, se produjo un aluvión de iniciativas para hacer frente a la violencia policial, en especial contra la minoría negra.

Miles de manifestantes exigen recortes en los presupuestos de las fuerzas del orden, los representantes del Congreso quieren “hacer responsables a la Policía” y el Ayuntamiento de Minneapolis quiere desmantelar la fuerza policial de la ciudad para limpiar esa fuerza.

El asesinato de Floyd está lejos de ser un caso aislado. La Policía estadounidense mató a 1.098 personas en el 2019, una cuarta parte eran personas negras, según el sitio mappingpoliceviolence, no obstante que los afroamericanos representan menos del 13% de la población.

En ese alto porcentaje de muertes influye la propagación de armas de fuego entre la población, que aumenta la sensación de inseguridad en los agentes. Unos 135 oficiales murieron en el cumplimiento del deber el año pasado, según el fondo conmemorativo.

Licencia para matar

Por lo tanto, los agentes tienen derecho a disparar si hay “temores razonables de un peligro inminente” para sí mismos o para los demás. Incluso en casos de excesos flagrantes, los castigos son extremadamente raros.

En el plano administrativo, los agentes de policía suelen ser protegidos por convenios colectivos que “dificultan” su enjuiciamiento, según el proyecto activista checkthepolice.org, que ha examinado los acuerdos firmados por los sindicatos de policías con más de 80 grandes ciudades del país.

Uno de esos acuerdos, vigente en Minneapolis, permitió a Derek Chauvin, el oficial que mató Floyd, continuar su carrera por casi 20 años a pesar de 18 denuncias de abusos en su legado, cuyos detalles siguen siendo secretos.

Hace dos semanas, tenía las manos en los bolsillos cuando asfixió a un hombre esposado, al que contuvo contra el piso con su rodilla durante casi nueve minutos. Acusado de asesinato, compareció ante un juez por primera vez el lunes, sin mostrar ninguna emoción.

Los fiscales locales son “muy reacios a acusar a los agentes de policía porque trabajan con ellos a diario”, pero también porque son elegidos por el pueblo y “quieren ganar los casos”, manifestó Philip Stinson, un expolicía convertido en profesor de Derecho.

Estos "casos son muy difíciles porque a los jurados o jueces "no les gusta cuestionar una decisión tomada en un segundo por un oficial durante un encuentro potencialmente violento", consideró.

Otro obstáculo “es que las personas que acusan a los agentes de policía no siempre son las más simpáticas, pueden ser traficantes de drogas”, por lo que los jurados sienten poca empatía", señaló el profesor de Derecho de Minnesota, David Schultz.

Pocos condenados

Como resultado, en los últimos 15 años, solo 110 policías fueron acusados de homicidio después de disparar a alguien en cumplimiento del deber y solo cinco fueron condenados por asesinato, destacó Philip Stinson, quien recopila datos.

Una ley del siglo XIX preveía la posibilidad de reclamar daños y prejuicios en los tribunales federales, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha hecho esa opción casi impracticable al afirmar que los agentes de policía deben haber violado "una ley claramente establecida" para ser condenados.

Casi 200 miembros del Congreso, la mayoría demócratas, anunciaron el lunes su intención de legislar para poner fin a esta "inmunidad".

También quieren hacer frente a los prejuicios raciales que subyacen en algunas de las acciones de la Policía , en particular, la formación obligatoria en la lucha contra los prejuicios o la creación de un registro de los errores policiales.

Pero es poco probable que su texto sea aprobado en el Senado, donde los republicanos son mayoría.

Y aunque se aprobara, las autoridades nacionales tienen poca influencia en las aproximadamente 18.000 entidades policiales autónomas, incluidas policías municipales, alguaciles de condado, patrullas estatales, todas con sus propias reglas de reclutamiento, entrenamiento y prácticas autorizadas.