Turbas del gobierno de Daniel Ortega atacaron a obispos en Diriamba

Diriamba, Nicaragua. Un centenar de seguidores del gobierno y paramilitares irrumpieron este lunes en la basílica de la ciudad de Diriamba, suroeste de Nicaragua, y agredieron a obispos católicos, agravándose la violencia que deja unos 250 muertos en casi tres meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Los simpatizantes del oficialismo entraron con violencia en la basílica de San Sebastián, cuando prelados y sacerdotes llegaban a apoyar a una decena de personas que se habían refugiado el domingo, en medio de un enfrentamiento entre fuerzas del gobierno y manifestantes que tenían barricadas en las calles.

“Asesinos”, “mentirosos”, “hijos de puta”, gritaron los partidarios del gobierno cuando llegó a Diriamba la comitiva de religiosos, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, constató un equipo de la AFP.

Los jeracas católicos, quienes se trasladaron en caravana desde Managua, fueron rodeados por seguidores del gobierno en la entrada del templo, en cuyos alrededores había policías y decenas de hombres encapuchados vestidos de civil.

Decenas entraron con los religiosos, insultándolos.

En un rincón, cerca del altar, estaban las personas que se habían refugiado, la mayoría tenía el rostro cubierto con una camisa o chaqueta.“Quedamos atrapados por la balacera el domingo. Tenemos mucho miedo por nuestras vidas”, expresó un hombre de 40 años, quien dijo trabajar en el puesto médico de la Iglesia.

Estaba vestido con una gabacha color violeta.

Arrmetida dentro de iglesia

Minutos después entró un grupo de encapuchados -al menos tres con pistola o lanzamorteros-, forcejearon con los sacerdotes, algunos de los refugiados y se agudizó el caos.

Varios periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la visita también fueron atacados y a algunos les robaron su equipo, incluso a reporteros de la AFP.

“Lo que está sufriendo nuestro pueblo” es mucho “más grave”, declaró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al denunciar que fue herido en el brazo y golpeado en el estómago cuando una “turba enardecida” entró en el templo.

A finales de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno nicaragüense protección para el obispo Báez, quien había recibido amenazas de muerte.

Tras los disturbios, Báez informó de que las personas que estaban en la basílica fueron “liberadas”. Uno de ellos comunicó por teléfono que se hallaban ya en Managua poniendo denuncias ante grupos de derechos humanos.

“Hemos sentido esa acción dura, fuerte, brutal contra nuestros sacerdotes, nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así, verdaderamente es triste”, manifestó el cardenal, en un misa al retornar a Managua.

Los prelados realizaron la visita luego de que al menos 14 personas murieron -entre ellos dos policías- el domingo en la incursión de antimotines y paramilitares en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en el departamento suroccidental de Carazo.

“Es doloroso cómo no se respetan los derechos humanos. No respetan ni a los obispos”, expuso Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en la basílica.

En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que debatirá la situación en Nicaragua el miércoles, en una sesión del Consejo Permanente en la que la CIDH informará sobre sus labores de verificación en Managua.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quien estuvo la semana pasada en Managua y asistirá a la sesión, llamó a la comunidad internacional a atender la “crítica” situación del país centroamericano.

La Iglesia católica, que media entre el gobierno y laAlianza Cívica por la Justicia y la Democracia (opositora), planteó adelantar los comicios del 2021 a marzo del 2019 a fin de salir de la turbulencia que envuelve al país desde que estallaron las protestas el 18 de abril.

Pero Ortega, quien no reaparecía en público desde hace más de un mes, descartó elecciones adelantadas el sábado en un multitudinario acto de seguidores, en el que llamó “delincuentes” y “golpistas” a los manifestantes.

“Seguimos trabajando duro para desterrar la intentona golpista de una minoría antipatriota (...) Cuando el pueblo se expresa en la calle es porque el nivel de emoción, el sentimiento e indignación es profundo”, comentó Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta, sin mencionar lo ocurrido en el templo.

Ante la declaración de Ortega sobre las elecciones y el recrudecimiento de la violencia, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) advirtió de que valora “seriamente la continuación en el diálogo”.

El detonante de las protestas fue una reforma a la seguridad social, pero se propagaron tras la represión gubernamental y ahora los opositores exigen la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con su esposa una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.

Para aumentar la presión, la Alianza Cívica llamó a una marcha el jueves y a un paro nacional el 13 de julio, el segundo convocado durante la crisis.

Pero Ortega, exguerrillero de 72 años que gobierna desde el 2007 por tercer periodo consecutivo, prepara una contraofensiva con la celebración masiva -el viernes- de una efeméride previa al 39.° aniversario de la revolución que se festeja el 19 de julio.