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Barcelona. La facción más radical del independentismo catalán, el partido de extrema izquierda Candidatura de Unidad Popular (CUP), decidió este jueves no apoyar al candidato separatista para la Presidencia regional, Jordi Turull, lo que bloqueará su investidura de momento.
“La CUP mantiene las cuatro abstenciones a la investidura de Jordi Turull”, anunció la formación anticapitalista en un comunicado a escasos minutos de que empezara en el Parlamento catalán el debate de investidura.
Con esta decisión, Turull, exportavoz del gobierno de Carles Puigdemont cesado por Madrid, no reunirá la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación.
En este caso, el Parlamento deberá celebrar una segunda votación en dos días que puede ganarse con mayoría simple aunque el candidato debe sumar dos escaños más de los que tiene garantizados por ahora para alcanzarla.
Además, es incierto si Turull podrá asistir a esta segunda votación dado que el viernes está convocado junto a otras cinco figuras del independentismo ante un juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación por el intento de secesión unilateral de meses atrás.
Tras la vista, Turull, un independentista conservador de 51 años, podría regresar a prisión, después de haber pasado un mes en la cárcel a fines del 2017.
En respuesta a esta “injerencia” de la Justicia, el presidente del Parlamentocatalán, el independentista Róger Torrent, convocó en pocas horas y de manera sorpresiva este pleno en el que los separatistas, con mayoría absoluta en la cámara, esperaban poder elegir presidente.
“No podemos condicionar nuestra acción política a la acción represiva del Estado”, señaló la CUP en su comunicado, reclamando a las otras dos grandes formaciones un compromiso explícito por la ruptura unilateral.
Turull es el tercer candidato a presidente que intentan investir los independentistas después del expresidente regional Carles Puigdemont, instalado desde finales de octubre en Bélgica, y el activista preso Jordi Sánchez.
Mientras no se forma gobierno, la región sigue en manos del ejecutivo español de Mariano Rajoy, que tomó el control de la administración catalana tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.
