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Caracas
El enfrentamiento entre la fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, y el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escaló un peldaño el martes cuando la funcionaria rechazó comparecer ante la máxima corte de justicia, situación que la pone a las puertas de su destitución.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró una audiencia de casi tres horas y decidió que en un lapso de cinco días determinará si la jefa del Ministerio Público incurrió en "faltas graves" que ameriten su despido.
La oposición, encabezada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), acusa reiteradamente al TSJ de estar al servicio del gobierno chavista.
Al justificar por qué no fue a la comparecencia, Ortega -una confesa chavista que en los últimos meses ha adoptado una posición muy crítica frente al gobierno y otros órganos del Estado- expresó: "No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada".
Lo hizo en una rueda de prensa en presencia de funcionarios del Ministerio Público, en Caracas.
El TSJ, a su vez, nombró a la abogada chavista Katherine Harrington como vicefiscala general, quien sería la sustituta de Ortega si esta es separada de su cargo.
Harrington, fiscal regional durante la gestión de Ortega, fue sancionada en el 2015 por Estados Unidos, que la acusa de violaciones de derechos humanos al haber enviado a la cárcel a varios dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Antes de darle posesión a Harrington, el TSJ invalidó la designación del vicefiscal Rafael González, efectuada por Ortega y ratificada el lunes por el Parlamento, de amplia mayoría opositora.
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Confrontación. La titular del Ministerio, quien lleva 15 años trabajando en esta dependencia, calificó el martes a la corte como un "tribunal inconstitucional e ilegítimo", por lo cual se opone a someterse a él. "No he cometido delitos ni faltas", expresó Ortega, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo "verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional".
Ante los magistrados del TSJ, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscala, a quien acusa de "mentir" al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en diciembre del 2015 por el anterior Parlamento, de mayoría chavista.
"Ella le vendió el alma al diablo (...) tuvo precio, le pasó como traidora lo mismo que a Judas, que lo compraron por 30 monedas de plata", manifestó Carreño, a quien acompañaron en la sesión por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor Manuel Galindo, ambos afines al gobierno de Maduro.
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El legislador pidió al TSJ evaluar la salud "mental" de Ortega y la semana pasada logró que el máximo tribunal le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.
Apoyada por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de romper el "orden constitucional" por medio de fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, bajo control opositor desde enero del 2016.
"Ya sabemos que desde el día de hoy (martes) va a operar mi remoción. Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia", expuso Ortega.
Más combustible a la hoguera. La arremetida del gobierno en contra de la funcionaria caldeó aún más la crisis política del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas que deja 90 muertos.
"Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución. Con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular", planteó la fiscala.
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La oposición, que este martes realizó bloqueos en las calles que nuevamente derivaron en disturbios, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de "usurpadora" a la vicefiscala.
"En cualquier país donde existiese siquiera un atisbo de justicia, en vez de (ser) vicefiscala estaría presa por hampona", declaró el diputado opositor Henry Ramos Allup.
Una destitución de Ortega "radicalizará la crisis" y hará más evidente "el uso político del TSJ y la fractura del bloque de poder", consideró el jurista José Ignacio Hernández.
Solo el Parlamento tiene facultad para removerla, pero sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición asumió su control.
La fiscala fue acusada ante el TSJ tras expresar su rotundo rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
"Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución", insistió Ortega.
Aludiendo a la funcionaria, aunque sin nombrarla, Maduro dijo el lunes que el domingo se inicia la campaña por la Asamblea Constituyente "así salgan mil traidores". Y, de su lado, la oposición llamó a un plebiscito simbólico para el 16 de julio, dos semanas antes de la elección de los asambleístas.
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Para Ortega, la Constituyente -que según los oficialistas será un "suprapoder" con facultad de anular el Parlamento y destituir a la fiscala- violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La fiscala consideró el antejuicio como un "golpe de Estado más grotesco" que el del empresario Pedro Carmona, quien anuló los poderes públicos en la breve intentona contra Chávez en el 2002.
