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Buenos Aires
Un tribunal federal condenó el viernes al último presidente de facto argentino Reynaldo Bignone y a otros 14 exmilitares por la desaparición de más de un centenar de personas en el marco de la represión coordinada entre las dictaduras sudamericanas conocida como Plan Cóndor.
La sentencia es considerada histórica puesto que es la primera vez que un tribunal da por probado que el Plan Cóndor operó como una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar disidentes entre mediados de la década de 1970 y principios de los 80.
Los tres miembros del tribunal oral federal 1 de Buenos Aires dieron por probadas las acusaciones contra Bignone, de 88 años, como autor de integrar esa asociación ilícita y de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público. El expresidente de facto fue condenado a 20 años de prisión.
Bignone, quien ya cumple varias condenas por crímenes de lesa humanidad, fue el último presidente de facto de la dictadura militar argentina (1976-1983).
También fueron condenados 14 exmilitares a penas de entre ocho y 25 años de prisión. Entre ellos, el uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, quien recibió una condena de 25 años por la privación ilegítima de la libertad del hijo y la nuera del poeta uruguayo Juan Gelman.
Dos de los acusados fueron absueltos.
En el juicio oral que comenzó en el 2013 se tomaron en consideración 105 víctimas de las cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. De acuerdo con la demanda, el secuestro y posterior asesinato de estos disidentes fue posible por la coordinación represiva entre las fuerzas armadas y de inteligencia de los países sudamericanos a partir de 1975.
Al descubierto. Parte del entramado del Plan Cóndor salió a la luz por la desclasificación de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos y del denominado "Archivo del terror" de Paraguay, además de expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros.
Entre estos documentos fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la llamada Primera Reunión de Inteligencia Nacional que contó con la presencia de representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Luego se sumó Brasil, según la denuncia.
Como primer paso, las dictaduras crearon una base de datos común con información detallada sobre los movimientos guerrilleros, partidos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y de todo aquel que se considerara una amenaza para los regímenes.
Una vez procesada esa información, se procedía al secuestro y detención ilegal del disidente, que podía ser entregado o no a su país de origen para su posterior desaparición física. Dos casos emblemáticos fueron María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, hijo del poeta uruguayo.
La pareja fue secuestrada en Buenos Aires y confinada en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", que según se determinó en otro juicio funcionaba bajo la órbita del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca y su cuerpo escondido dentro de un tambor relleno con cemento y arena, pese a lo cual sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989.
En tanto García Iruretagoyena, embarazada de siete meses, fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a una niña que le fue arrebatada. La mujer permanece desaparecida, mientras su hija recuperó su identidad en el 2000.
Como parte de esta causa, se solicitó años atrás la extradición de los dictadores Augusto Pinochet, de Chile; Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Hugo Bánzer, de Bolivia, las cuales fueron rechazadas. Los tres fallecieron, al igual que el expresidente de facto argentino Jorge Rafael Videla, quien llegó a declarar en el juicio tres días antes de su muerte en el 2013.
