Tribunal de la ONU ordena a Rusia suspender ‘inmediatamente’ invasión a Ucrania

”La Federación Rusa debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero del 2022 en territorio ucraniano”, declaró Joan Donoghue, juez presidente de la CIJ, con sede en La Haya. “La Federación rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye (…) evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares”, dijo la presidenta Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial.

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La CIJ está “profundamente preocupada por el uso de la fuerza por parte de Rusia, que plantea serios problemas de derecho internacional”, prosiguió la juez durante una audiencia. Para llevar el conflicto armado al alto tribunal de la ONU, Kiev argumentó que Rusia malinterpretó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú justificó la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

El tribunal se alineó con la hipótesis de Ucrania y dictaminó que “en principio” es competente para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las órdenes dictadas por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú malinterpretó la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años.

No obstante, está por ver si Rusia obedecerá la orden del tribunal, pues aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.

La CIJ, creada en 1946, dio así respuesta a un procedimiento de urgencia planteado por Ucrania pocos días después de la invasión rusa, en espera de un veredicto sobre el fondo del conflicto, que podría demorar años. Los fallos de la CIJ son vinculantes y sin apelación, pero el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento.

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El principal organismo judicial de la ONU basa sus resoluciones principalmente en los tratados y convenciones existentes. Ucrania y Rusia son miembros de la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, que data de 1948.

Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.

Sin embargo, Rusia podría usar su derecho a veto como miembro permanente y bloquear cualquier iniciativa que se presente en el Consejo de Seguridad de la ONU.