Militares admiten haber ejecutado a cientos de civiles en Colombia

Los asesinatos se produjeron en la región cocalera de Catatumbo (120), fronteriza con Venezuela, y en la costa Caribe (127). También hay un civil que confesó ser “colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas”. El tribunal había imputó a 25 militares por su responsabilidad en la ejecución a sangre fría de jóvenes, en su mayoría de clases bajas, que presentaron como caídos en combate para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.

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Conocidos como “falsos positivos”, estos asesinatos destaparon el mayor escándalo dentro de las Fuerzas Militares. Los oficiales y soldados implicados recibieron condecoraciones, permisos o compensaciones por esas muertes. Entre los uniformados que reconocieron su culpa está el brigadier general Paulino Coronado, antiguo comandante de la Brigada 30 que opera en la zona fronteriza.

Citado por la JEP, Coronado presentó sus “sentimientos de perdón por el gran dolor causado” en “los execrables actos cometidos (...) conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes” y “dejando profunda desolación entre sus seres queridos”. Surgido del acuerdo de paz del 2016 que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), este tribunal juzga los peores crímenes de un conflicto de más de medio siglo que deja nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.

El pacto negociado en Cuba establece que quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel. La magistrada añadió que dos coroneles negaron los cargos, por lo que serán llevados a juicio. De ser hallados culpables podrían ser condenados hasta a 20 años de prisión. Sin especificar la fecha, Díaz agregó que la veintena de militares se someterán a una “audiencia pública de reconocimiento” en presencia de los familiares de las víctimas, donde deberán reconocer sus actos de manera “completa, detallada y exhaustiva”.

El tribunal determinó que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados entre el 2002 y el 2008 tras ser llevados con engaños a zonas alejadas donde vivían. El alto mando castrense y el expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2008) siempre negaron que fuera una acción sistemática. En enero la JEP también imputó a ocho altos mandos de las antiguas FARC por el secuestro de 21.396 personas. Los exrebeldes, que reconocieron su responsabilidad ante el tribunal, aún no recibieron su sanción. El tribunal espera dictar sus primeras sentencias en el 2022.

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