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El Senado uruguayo votará el próximo martes un mundialmente inédito proyecto de ley que regulará la producción y venta de marihuana y que el gobierno considera como "un experimento" para combatir el narcotráfico.
El texto -aprobado en julio por la cámara de Diputados- tiene su sanción asegurada por el apoyo de la gobernante coalición izquierdista Frente Amplio, que controla ambas cámaras.
La iniciativa fue presentada hace un año y medio por el gobierno del presidente José Mujica junto a una serie de medidas para frenar el incremento de la inseguridad pública y desactivar la violencia asociada al narcotráfico.
"Este es un experimento", admitió Mujica en agosto pasado, en entrevista con la AFP. "Podemos hacer un verdadero aporte a la humanidad. Ser un banco de prueba en desatar un conjunto de disciplinas que sirvan para enfrentar el problema y sumen herramientas a la lucha contra la drogadicción", dijo.
El proyecto otorga al gobierno el control y reglamentación de la importación, cultivo, cosecha, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados.
Tras registrarse, los residentes mayores de 18 años podrán cultivar hasta seis plantas, acceder a la droga en clubes de usuarios o comprar hasta 40 gramos por mes en las farmacias.
La experiencia se suma a la reciente legalización del aborto y el matrimonio gay y mantiene a Uruguay en una posición de liderazgo en el reconocimiento de derechos.
La ley sobre la marihuana despierta resistencia entre los 3,3 millones de uruguayos. Una encuesta hecha en setiembre señaló que el 61% la desaprueba.
La legalización del cannabis causó asombro en los vecinos Brasil y Argentina, y despertó interrogantes sobre su real efecto si se aplica en países ensagrentados por el narcotráfico como Colombia o México.
"No hay mucha criminalidad alrededor del tema en Uruguay, entonces el cambio no es profundo. Es básicamente un experimento, pero no es un experimento que se puede replicar con facilidad" en países de mayor tamaño, dijo a la AFP Steven Dudley, codirector del sitio web Insightcrime, especializado en narcotráfico en América Latina.
Uruguay enmarca la iniciativa en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas -integrada por los ex presidentes de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo, entre otros- que sostiene que la guerra contra las drogas ha fracasado.
Mujica, un exguerrillero de 78 años, calcula que el país gasta unos 80 millones de dólares anuales en combatir el narcotráfico y en mantener a los presos por delitos vinculados a la droga.
Actualmente consumir drogas no está penado pero sí comercializarlas. El consumo de marihuana es el más extendido entre las drogas ilegales y se ha duplicado en los últimos 10 años.
Según las autoridades hay unos 128.000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200.000.
El gobierno planea atraer a los consumidores con un cannabis más barato y de mejor calidad que el que se consigue hoy en el mercado ilegal.
"Vamos a ir teniendo en cuenta los precios en el mercado negro, hasta que comencemos a desestructurar el funcionamiento de ese mercado", dijo a la AFP Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
Pero el proyecto divide a los médicos uruguayos, enfrentando a quienes afirman que abatirá el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
"Cuando se avala esta ley el mensaje que usted le envía a toda la población es que es una droga pero es menos mala que otras drogas y por lo tanto pasible de ser consumida", aseguró a la AFP el psiquiatra Pablo Trelles, que trabaja con jóvenes adictos.
Los legisladores de la oposición, en tanto, advierten que se corre el riesgo de incrementar el consumo.
Tampoco los consumidores son unánimes. Algunos no ven con buenos ojos el registrarse para acceder a la droga.
Calzada admite que el mayor riesgo es que la regulación "puede disparar el consumo si no realizamos bien los controles".
Los especialistas también tienen opiniones dispares.
"Uruguay puede impulsar el discurso internacional, científico y político, sobre cómo desarrollar un control de drogas más razonable y más afectivo", dijo a la AFP Hanz-Joerg Albrecht, director del instituto Max Planck para el derecho penal.
Albrecht cree que los mayores riesgos son de incremento del consumo y de que haya problemas de salud en la población, pero advirtió que es difícil determinar la causa-efecto en este tipo de casos.
En cambio, Arjan Roskam, dueño de la holandesa Green House, el mayor banco de semillas de marihuana del mundo, advierte que si la regulación se realiza "de una forma muy socialista no funcionará".
Roskam, uno de los expertos consultados por el gobierno uruguayo, comentó a la AFP que si todo depende del Estado y no se permite la venta a turistas "seguirá habiendo intercambio en la calle, por lo que no se soluciona el problema" del mercado negro.
Mientras el gobierno espera tener lista la reglamentación de la norma en abril de 2014 y el mundo observa, nuevas tiendas especializadas en productos para el cultivo de marihuana o un banco de semillas local que ofrece granos a la espera de la legalización muestran que la cultura del cannabis sale cada vez más a la luz.
