Temuco. La región de la Araucanía, en el sur de Chile, vivió una violenta jornada tras el ataque a cinco sedes municipales y el enfrentamiento entre mapuches, policías y grupos civiles “antindígenas”, que agravaron con un componente racial un conflicto de larga data.

Los disturbios comenzaron el sábado durante el toque de queda nocturno vigente en el país desde hace más de cuatro meses por la pandemia y tras la orden de desalojar la sede municipal de Curacautín, tomada desde hace seis días por indígenas mapuches en apoyo a la larga huelga de hambre sostenida por el “machi” (guía espiritual) Celestino Córdova.

Córdova, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de una pareja de ancianos en 2013 tras incendiar su granja, pretende ser llevado a su casa en la ciudad de Temuco, capital de la Araucanía —unos 600 km al sur de Santiago—, para renovar su “rewe” o energía espiritual.

El desalojo provocó enfrentamientos entre indígenas, policías y grupos “antimapuches”, que en las afueras del municipio, con palos en las manos, gritaron “el que no salta es mapuche” y “fuera indios”, para luego golpear a algunos de los nativos desalojados.

Lo ocurrido, sobre todo por la participación de grupos civiles, se conoció rápidamente en otras cuatro municipalidades que estaban ocupadas ilegalmente por indígenas (Traiguén, Victoria, Ercilla y Collipulli), generándose también incidentes. Los edificios de los municipios de Traiguén y Ercilla resultaron incendiados.

“Ayer fue un día doloroso para Chile. Especialmente para la región de la Araucanía, con municipios incendiados y ciudadanos enfrentándose entre sí”, dijo el domingo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en una declaración de prensa en la casa de gobierno en Santiago, donde dio cuenta de 48 detenidos, 10 de ellos menores de edad.

Según el alcalde de Traiguén, Ricardo Sanhueza, el edificio municipal quedó en un 90% destruido.

“El panorama es complejo; todo es muy doloroso”, afirmó a medios locales, advirtiendo que tras la intervención de grupos civiles “podría haber un antes y un después y se podría complicar aún más” el añejo conflicto indígena en la zona.

“La presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad”, relató por su parte Javier Jaramillo, alcalde de Victoria, al canal local 24 Horas.

Polémica visita

Los hechos ocurrieron al día siguiente de la visita a la zona del nuevo ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez, un militante de la derecha dura y exalcalde designado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que pidió el desalojo de los municipios tomados.

Pérez, que fue recibido entre protestas, afirmó que detrás de la serie de ataques que han ocurrido en las últimas semanas en esta región hay “grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están decididos, muy decididos, a que no exista paz y tranquilidad”.

Si bien grupos radicales mapuches se han adjudicado algunos ataques para buscar la salida de empresas forestales de territorios que consideran suyos por derechos ancestrales, hay también denuncias de autoataques destinados a cobrar seguros y montajes policiales.

“La primera actividad del ministro fue darle la espalda al pueblo mapuche y decir que solo hay violencia y eso incentiva el odio”, dijo el “werkén” o líder mapuche, Aucán Huilcamán.

“El ministro vino a incentivar la violencia y el odio racial”, agregó.

Unos 700.000 habitantes del país, en una población total de 18 millones, se reconocen como mapuches. En su mayoría, se asientan en La Araucanía, región con niveles de pobreza que doblan los del resto de Chile.

Tras la llegada de los conquistadores españoles a Chile en 1541 y otros procesos, los mapuches quedaron relegados a ocupar cerca de un 5% de sus antiguos territorios y hoy luchan por recuperar parte de ellos.

Agrupados en pequeñas comunidades, sin espacio para sembrar o criar animales, y divididos, la mayoría debió renunciar a sus medios de subsistencia tradicionales y migrar a las ciudades.

“El Estado de Chile no ha cumplido con su deber de garantizar la paz, respetando los Derechos Humanos y condenando toda expresión de racismo”, dijo el director del instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.