EscucharBuenos Aires. La Cámara de Diputados de Argentina dejó en firme este miércoles el veto presidencial a una ley que otorgaba un aumento a los jubilados. Frente al Congreso, una marcha repudió la medida.
En los alrededores de la sede del Legislativo, en medio de fuertes medidas de seguridad, una multitud congregada rechazó la medida con cánticos mientras seguía el debate.
En un áspero debate que se prolongó por más de cuatro horas, la decisión del presidente Javier Milei quedó firme con 153 votos a favor, 87 en contra y ocho abstenciones.
“No podemos dictar leyes que determinen erogaciones sin saber cómo se van a solventar”, dijo la diputada oficialista Juliana Santillán, de la Libertad Avanza. “No podemos gastar lo que no tenemos; no hay plata”, agregó, citando una de las frases de cabecera de Milei.
“Es un argumento falaz”, planteó el diputado Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que mostró divisiones en esta decisión. “Tenemos una obligación constitucional (...), vamos a intentar que el gobierno recapacite”, afirmó, calificando como “feroz el ajuste que recibieron los jubilados”.
La ley, aprobada por mayoría en ambas cámaras, otorgaba un aumento de 8,1% a los pasivos, en un contexto de más de 250% de inflación anual.
Milei, un ultraliberal, la vetó por ser “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de su financiamiento”.
Patricia de Luca, una psicóloga que acaba de jubilarse, dijo sentirse “traicionada y desesperanzada” por sus representantes en el Congreso que refrendaron el veto.
Desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre, Milei enarboló la meta del equilibrio fiscal.
Sin embargo, en julio decretó un incremento del 700% en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Asignó una partida extraordinaria de unos $102 millones en gastos reservados, sin obligación de rendición de cuentas.
En el primer semestre de este año, Argentina obtuvo el primer superávit fiscal desde 2008 con la implementación de un drástico recorte del gasto estatal. Esto se tradujo en miles de despidos, paralización de obras públicas y reducción del presupuesto para universidades, institutos de ciencias, investigación y desarrollo, además de los subsidios a las tarifas de servicios públicos.
