EscucharCiudad de Guatemala. El Congreso de Guatemala reformó este martes una ley que permitirá habilitar al partido político Semilla, del presidente Bernardo Arévalo, suspendido por un juez debido a supuestas irregularidades en su inscripción. Esta decisión se enmarca en una arremetida de la Fiscalía contra el mandatario.
La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado fue aprobada por 127 de los 160 diputados y modifica la normativa anterior, que permitía la suspensión o cancelación de partidos políticos. Samuel Pérez, diputado oficialista, explicó que la nueva ley impide que un juez suspenda o cancele organizaciones políticas.
En agosto de 2023, tras el paso sorpresivo de Arévalo a la segunda ronda electoral, el juez Fredy Orellana, sancionado por Washington por considerarlo “corrupto” y “antidemocrático”, aplicó esa ley para suspender la personalidad jurídica de Semilla. La justificación fue la presentación de firmas falsas en su inscripción en 2017.
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La ley permitía la suspensión provisional de “las inscripciones de personas jurídicas” cuando “hubieren sido utilizadas para cometer” un “hecho ilícito”. Orellana atribuyó esto a las supuestas firmas falsas. Sin embargo, juristas sostienen que el caso debía ser analizado por el tribunal electoral.
La Fiscalía, liderada por Consuelo Porras, también sancionada por Estados Unidos, lideró una ofensiva contra Arévalo y su partido. Esta ofensiva habría puesto en peligro la toma de posesión del presidente en enero. En cumplimiento de la orden judicial de Orellana, el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a Semilla el 3 de noviembre del año pasado.
Las reformas recientes establecen que esa ley no es aplicable a las organizaciones políticas, que deben estar sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y no al ámbito penal.
“Les estamos diciendo a los golpistas ‘ya no más uso de artimañas legales para perseguir a la oposición política’”, dijo el congresista oficialista José Carlos Sanabria, al referirse a Orellana y Porras.
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Sanabria señaló que “hoy el Movimiento Semilla comienza a recuperar sus facultades”, ya que ninguno de sus 23 diputados podía presidir la junta directiva ni comisiones de trabajo del Congreso.
El presidente Arévalo asegura que Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Orellana lideran una persecución en su contra debido a su promesa de combatir la corrupción.
