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María José Bravo, de 26 años, trabajó en el diario La Prensa como corresponsal en Chontales (este). Tenía un hijo de tres años. JOVEN. | EFE /LA NACIÓN (Diario La Prensa)
Diferentes sectores en Nicaragua y fuera del país reaccionaron entre conmocionados e indignados por el crimen de la periodista María José Bravo, corresponsal del diario La Prensa en Chontales (este), a manos, presuntamente, de un exalcalde liberal.
Bravo, de 26 años y madre de un niño de tres años, fue asesinada de un disparo el martes en Juigalpa (este) en Managua.
Enriqueta Ruiz, una de las testigos del crimen, dijo a La Prensa que María José Bravo salió del Centro de Cómputos del Consejo Electoral Departamental en Juigalpa cuando ella y otras personas la llamaron para que les contara cómo iba la revisión aritmética de votos.
“Varias personas la rodearon y, cuando ella se disponía a hablar se oyó una detonación. Todos volvimos a ver de dónde provino el estruendo, cuando la periodista se desvaneció en el centro del grupo y de su pecho emanaba mucha sangre”.
La Policía Nacional informó que arrestó como sospechoso a Eugenio Hernández González, un exalcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de la región, que perteneció a la desaparecida Resistencia Nicaragüense (Contras).
Otros testigos por el matutino El Nuevo Diario indicaron que, en el momento de dispararle, Hernández le gritó a la periodista: ¡Por ustedes perdimos!, en alusión a la derrota de los liberales en las elecciones municipales del domingo pasado.
Eduardo Enríquez, jefe de redacción de La Prensa , reveló que Bravo había recibido amenazas de parte de personas ligadas a algunos partidos políticos, sin precisar sus nombres.
Reacciones
El presidente de la República, Enrique Bolaños, anunció ayer que ordenó una “inmediata” investigación a fondo de la muerte de la periodista.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el asesinato y demandó de las autoridades una investigación efectiva, al tiempo que pidió a las autoridades pertinentes adoptar las medidas necesarias para “prevenir más agresiones contra el gremio periodístico”.
El organismo instó al Gobierno a no permitir que este crimen quede en la impunidad, porque “lesionó el más fundamental de los derechos, como es el derecho a la vida, y el derecho a la libertad de expresión y de prensa de la ciudadanía, por causa de la intolerancia y la violencia”, manifestó el CENIDH en un comunicado.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, condenó el crimen de Bravo.
“Lamentamos el asesinato de la periodista Bravo que se suma al de otro colega nicaragüense, Carlos Guadamuz, en enero pasado”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Guadamuz fue asesinado el pasado 10 de enero por un exmiembro de los cuerpos de seguridad sandinista, frente al canal de televisión donde trabajaba.
La familia de Guadamuz, quien era un disidente sandinista, culpó al recién electo alcalde de Managua por el FSLN, Dionisio Marenco y al líder Daniel Ortega, de estar tras de su muerte. Ambos negaron su responsabilidad.
