EscucharEl Congreso de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga al gobernante Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, ahora oficialmente “copresidenta”, un control absoluto de los poderes del Estado. La medida, presentada a inicios de semana por el dictador, fue aprobada “por unanimidad”, según anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras.
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La controvertida reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y eleva el rango de Murillo de vicepresidenta a copresidenta, equiparándola con el presidente. Además, otorga al Ejecutivo la facultad de coordinar directamente los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, eliminando la separación de poderes que la Constitución reconocía anteriormente.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, sus críticos lo acusan de instaurar una “dictadura” y de practicar el “nepotismo” junto a su esposa, seis años menor.
“La reforma formaliza la decisión de garantizar la sucesión presidencial de Murillo y su hijo Laureano Ortega”, dijo Manuel Orozco, analista nicaragüense de Diálogo Interamericano. Señaló que los copresidentes podrán nombrar a alguno de sus hijos como vicepresidente, un cargo que antes era de elección popular.
La pareja presidencial radicalizó sus posturas y aumentó el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El gobierno calificó estas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Estado “rojinegro”
La reforma, que debe ser ratificada en una segunda legislatura en enero, según Porras, generó un fuerte rechazo por parte de los nicaragüenses en el exilio, organismos internacionales, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El texto redefine a Nicaragua como un Estado “revolucionario” y socialista, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla que lideró el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en 1979. Según Azahálea Solís, experta en derecho constitucional, esto excluye proyectos políticos de otras ideologías. Salvador Marenco, abogado de derechos humanos exiliado en Costa Rica, afirmó que la reforma pone fin tanto a la separación de poderes como al pluralismo político.
“Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución”, aseguró Dora María Téllez, excomandante guerrillera, quien estuvo presa y vive exiliada en Estados Unidos.
“Traidores a la patria”
La reforma también estipula que el Estado vigilará a la prensa y a la Iglesia para evitar que respondan a “intereses extranjeros”. En el caso de las empresas, busca evitar la aplicación de sanciones como las impuestas por Estados Unidos.
Además, oficializa la retirada de la nacionalidad nicaragüense a los considerados “traidores a la patria”, una medida que el gobierno ya aplicó a unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
La nueva Constitución crea una “Policía Voluntaria”, compuesta por civiles, como cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad. Esto hace referencia a los eventos de 2018, cuando hombres encapuchados y armados, identificados por el gobierno como “el pueblo”, reprimieron las protestas levantando trincheras y controlando manifestantes.
“Esta reforma representa un nuevo hito en la consolidación de un modelo totalitario que atenta despiadadamente contra la democracia y los derechos fundamentales”, afirmó Félix Maradiaga, excandidato presidencial exiliado en Estados Unidos.
La iniciativa modifica la Constitución de 1987, que ya había sido reformada en una docena de ocasiones por diputados afines a Ortega, incluida la enmienda que permitió la reelección presidencial indefinida.
