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El Cairo
Tres años después de la fuerte movilización que provocó la caída del presidente islamista Mohamed Mursi, las esperanzas de democracia se desvanecen en Egipto, donde impera una masiva represión en nombre de la estabilidad.
El 30 de junio de 2013, millones de egipcios se manifestaron en las calles de El Cairo y otras ciudades del país para exigir la salida del presidente, considerado autoritario y fuente de divisiones.
Cuatro días después, por segunda vez en menos de tres meses, el ejército entró en escena y destituyó al presidente Mursi, democráticamente electo un año antes.
Abdel Fatah al-Sisi, el entonces jefe del ejército, asumió la dirección del país y sería luego elegido presidente en mayo del 2014 con cerca del 97% de votos, en unas elecciones que fueron boicoteadas tanto por la oposición islamista como por la liberal.
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"Cuando vuelvo a pensar en el 30 de junio del 2013, creo que fuimos manipulados por una parte del propio Estado", se lamenta el abogado Gamal Eid, defensor de derechos humanos.
Los manifestantes fueron utilizados "no para que hacer caer a los Hermanos Musulmanes e instaurar la democracia, sino para que el ejército —pilar del régimen de Mubarak— se apoderara del poder", afirmó este abogado, director de la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos.
Durante el verano del 2013, una implacable represión se abatió sobre los partidarios del presidente Mursi, que formaba parte del movimiento de los Hermanos Musulmanes, y cuyos principales dirigentes —Mursi incluido— fueron arrestados.
Esa represión llegó a su punto álgido el 14 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad mataron en pocas horas a centenares de seguidores de Mursi en El Cairo. Más de 40 policías murieron ese día en todo el país.
La represión se extendió luego a los militantes prodemocracia, punta de lanza de la revuelta contra el régimen de Hosni Mubarak en el 2011.
Centenares de islamistas, entre ellos Mursi, fueron condenados a muerte en expeditivos juicios colectivos, considerados por la ONU como "sin precedentes en la historia reciente" del mundo.
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Como varios defensores de derechos humanos, el abogado Gamal Eid fue acusado de recibir financiación extranjera ilegal y está sometido a una prohibición de dejar el territorio egipcio.
Prohibiciones. Llamar a manifestar puede conducir a la prisión, igual que compartir en Facebook un video que se burla del presidente o portar una camiseta contra la tortura.
"Sin exagerar, la situación actual de derechos humanos es la peor que se haya conocido en la historia contemporánea de Egipto", asegura Eid, cuya organización estima en unos 600.000 los presos políticos, en su mayoría islamistas.
El gobierno niega por su lado la existencia de presos políticos y afirma que las personas detenidas –entre ellas periodistas– han cometido crímenes.
"El 90% de los que están en prisión están implicados en casos criminales", declaró Sisi a principios de junio, y prometió estudiar el caso de los 10% restantes.
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El presidente no deja de afirmar que la instauración de una democracia en Egipto llevará décadas, aunque añade que el país disfruta ahora de una libertad de expresión sin precedentes.
"Mi prioridad es hacer vivir a la gente, los 90 millones de egipcios. Y no les impido expresar sus opiniones, no podría hacer eso", declaró recientemente.
A la significativa reducción de las libertades se añaden para los egipcios otros motivos de frustración: la incapacidad de las autoridades para superar la crisis económica y para poner fin a la insurrección yihadista que ha causado desde el 2013 la muerte de centenares de policías y soldados en la península del Sinaí.
"En una mayoría de ciudadanos hay un cierto rencor en lo referente a la política económica" del gobierno, subraya Mustafa Kamel al-Sayyed, profesor de ciencias políticas en la Universidad de El Cairo.
