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Estado civil: Casado
Profesión: Abogado
Nacionalidad: Venezolano
¿Este fenómeno de desapariciones forzadas son casos aislados o es algo recurrente?
Es un fenómeno bastante estructural en Venezuela, acuérdese que la Corte Interamericana conoció el caso del "Caracazo", el 27 de febrero de 1989, donde ocurrieron muchas ejecuciones y en la sentencia de la Corte se identificaron varias desapariciones de personas.
Entonces, ¿este fenómeno viene de varios gobiernos?
Sí, se logró tipificar el delito y hay una disposición en la nueva Constitución para desterrar este delito, pero hay una grave situación de muchas personas ejecutadas y desaparecidas como efecto de abusos policiales.
¿Entonces está asociado a la represión de la delincuencia?
En Venezuela hay un grave problema de impunidad. Se da un aumento de la criminalidad que se concentra básicamente en las capas más pobres de la población, 80% son varones de 18 a 30 años de los más pobres de la población.
"Casi 90% de esos homicidios quedan impunes porque no hay investigación, no hay capacidad de la fiscalía. Un fiscal promedio en Venezuela recibe anualmente 5.000 denuncias y solo está capacitado para investigar 50.
"Entonces tenemos una sociedad asediada por el crimen reacciona y allí es donde viene el peligro del aflojamiento de los valores de una sociedad. La sociedad asediada por el crimen, reacciona autodefendiéndose y esto es gravísimo".
¿Y qué pasa con las policías?
Las policías estatales y nacionales se están dedicando al crimen organizado: es el fenómeno de los grupos parapoliciales de exterminio que se están dedicando a luchar contra el crimen paralelamente a la institución. Buscan a los azotes de barrios, y en vez de detenerlos para procesarlos, los ejecutan.
¿Y cómo responde la justicia?
Además del problema de las fiscalías, en este momento 80% de los jueces en Venezuela son provisionales, son de libre nombramiento y remoción. Su nombramiento se puede dejar sin efecto sin causal ni procedimiento.
"Los jueces no tienen estabilidad para emitir fallos y hay muchos casos documentados de jueces que han adoptado decisiones que no complacen a los centros de poder y son destituidos libremente.
"En un poder con esas características, no hay capacidad de luchar contra la impunidad".
¿Hay politización en la justicia?
El mal continúa en la cúpula judicial. El año pasado se aprobó una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que tenía por objetivo aumentar el número de magistrados para controlarlo políticamente.
"Se designaron 17 nuevos magistrados por la mayoría oficialista. En lugar de tomar en cuenta capacidad y trayectoria, se decidió que se designarían solo jueces revolucionarios (afines al gobierno) porque en el nombramiento anterior habían entrado jueces no revolucionarios, un criterio político más que de oficialidad y conocimiento.
"Así tenemos que un diputado del oficialismo pasó a ser magistrado, un fiscal militar también, y hay la preocupación de que se desdibuja la independencia del poder judicial en Venezuela".
En ese contexto, ¿cómo ocurren los casos que usted está presentando a la Corte Interamericana?
Hay tres desapariciones, la de Oscar José Blanco, Roberto José Hernández y José Francisco Rivas. En los días posteriores a los deslaves de 1999 en el estado de Vargas, se trasladan fuerzas militares a la región para socorrer a las víctimas.
"Una vez controlada esa etapa, viene una de orden público, y en esa etapa hubo uso excesivo de la fuerza y los militares, según el testimonio de varias personas, elaboraron una lista de azotes de barrio, criminales. Entraron violentamente a sus casas y se los llevaron, fue la última vez que se les vio".
¿Las características son similares a otras desapariciones forzadas en el país?
Los tres casos son de tres familias muy humildes que vivían en la parte más pobre del litoral central, entonces es el mismo patrón: aquí tenemos tres varones entre 18 y 30 años, de la clase más humilde, desempleados, objeto de la violencia privada o pública. (El gobierno venezolano reconoció el martes ante la Corte Interamericana de DD. HH. su responsabilidad internacional en estas desapariciones).
¿Cómo está la situación de los DD. HH. en Venezuela?
La situación más preocupante es el desdibujamiento del estado de derecho y las garantías judiciales.
"No hay una contraloría general que audite las cuentas, no hay una defensoría del pueblo, no hay una fiscalía general que investigue los crímenes, sino que tiene orientación política que utiliza los recursos limitados con fines de persecución política.
"Ahí encuentro una situación preocupante en materia de derechos humanos".
¿Cómo se manifiesta esto en la práctica?
Hay problemas con ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y prolongadas, 80% de los detenidos están sin sentencia, y luego hay un problema de libertad de expresión.
"Están documentadas más de 800 agresiones físicas a periodistas que tienen medidas de protección de la Corte Interamericana. Hay un acoso a los canales de televisión y radio, procedimientos fiscales abiertos contra los medios de comunicación.
"Yo te diría que la gente se puede expresar más o menos libremente en Venezuela, pero tiene que acogerse a las consecuencias, y las consecuencias pueden ser de ataque físico, agresiones morales o de ataque judicial".
¿Quiénes ejecutan todas estas agresiones?
Los ataques físicos se han documentado contra periodistas en la cobertura de eventos públicos. Partidarios del gobierno atacan a los periodistas, y hay periodistas muertos y hay otros que fueron baleados, muchos salen a cubrir marchas con chalecos antibalas y máscaras antigases.
"Lo insólito es que ninguna de estas agresiones ha sido investigada y sancionada, no hay ninguna sentencia condenatoria".
¿Y qué papel tienen los agentes que trabajan para el Estado?
En la teoría de la responsabilidad, los agentes paraestatales tolerados también generan responsabilidad del Estado. Estos grupos violentos son animados o tolerados él.
Si los periodistas sufren acoso, ¿qué pasa con abogados que denuncian abusos?
Aquí vino doña Lileana Ortega, que ha sido objeto de amenazas y ataques y está bajo protección de la Corte Interamericana. Es una de las principales líderes de derechos humanos en Venezuela.
"Yo mismo he sido objeto de ataques, morales y judiciales, por mi trabajo como defensor de los derechos humanos".
¿Qué defensa tienen ustedes en el campo de los DD. HH?
Desafortunadamente la única defensa que va quedando es la solidaridad internacional y nacional y la actuación de los organismos internacionales.
"En mi caso, aparte de las agresiones que he recibido de parte de una funcionaria de la misión de Venezuela en la OEA y del mismo Defensor del Pueblo, he sido imputado por una fiscal del Ministerio Público".
¿De qué lo acusan?
Todo esto tiene que ver con mi actuación ante el sistema interamericano, de defender víctimas, que las autoridades piensan que uno quiere desacreditar a los gobiernos y no entienden que es defender a las víctimas.
"Insólitamente la fiscal ha dicho que yo tengo que probar mi inocencia. Pero el hecho es amedrentar a ver si dejas de hacer lo que estás haciendo".
¿Cuáles son los hechos que le imputa la fiscalía?
Me imputan de haber conspirado con tra el gobierno en los hechos del 12 de abril del 2002, cuando, en realidad, mi postura fue de rechazo público a lo que estaba ocurriendo (golpe contra Chávez) y me trasladé a la Disip (organismo policial) durante más de cinco horas para abogar por la liberación de un diputado oficialista que había sido arbitrariamente detenido después de los hechos.
"Eso está en el informe parlamentario, es un hecho público. Pese a que no hay nada serio contra mí, a veces se abren casos como mecanismo de amedrentamiento, pero seguiremos haciendo lo mismo, y por eso estoy en San José defendiendo víctimas de violación de los derechos humanos".
