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MADRID (AFP) España ha necesitado más de 30 años de democracia para romper el "pacto de silencio" establecido tras la muerte de Franco por los enemigos de la Guerra Civil, que de este modo pretendían contribuir a la reconciliación nacional.
El juez Baltasar Garzón lanzó el jueves la primera contribución de la justicia a un trabajo de memoria largamente pospuesto, al decidir investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39) y de la dictadura del general Francisco Franco (1939-75), víctimas, según él, de "crímenes contra la humanidad".
El magistrado ha abierto una instrucción que tiene por objetivo localizar e identificar más de 100.000 víctimas de la represión franquista, cuyos restos yacen en centenares de fosas comunes por todo el país.
Alrededor de la mitad, según los historiadores, fueron fusilados sumariamente en los años que siguieron a la victoria nacionalista.
Al hacer esto, el juez decidió, contra la opinión de la fiscalía, obviar la ley de amnistía de "crímenes políticos" de la época, aprobada en 1977, dos años después de la muerte de Franco para cerrar heridas.
Esta investigación, cuyo futuro es bastante incierto desde el punto de vista jurídico, constituye la última respuesta de las instituciones españolas a una exigencia ciudadana bastante reciente.
Hubo que esperar hasta principios de los años 2000 para que algunas asociaciones de de familiares de víctimas republicanas pusieran en primer plano un debate que la España moderna, próspera democracia integrada en la Unión Europea, creía haber definitivamente arreglado durante la "Transición" a la democracia.
Mientras en muchos pueblos los acontecimientos de esta óscura época seguían siendo tabú para numerosos ancianos, estas asociaciones reclamaron cada vez más insistentemente la contribución del Estado para rehabilitar a las víctimas olvidadas del franquismo.
Sin subvenciones al principio, basándose en testimonios, empezaron a abrir numerosas fosas comunes en las cunetas de las carreteras y a desenterrar esqueletos, cuyos cráneos tienen a menudo un amplio agujero, provocado por el tiro en la nuca de sus verdugos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) fue la primera en llevar a cabo las excavaciones, efectuando la mayor parte de las 4.000 exhumaciones que se han practicado en España desde 2000 en más de 170 fosas.
Bajo la presión de estas asociaciones, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un combatiente republicano fusilado, elaboró una controvertida ley de Memoria Histórica que fue finalmente aprobada en 2007.
Esta ley, que tiene por objetivo rehabilitar moralmente a las víctimas republicanas, insta al Estado a ayudar a la localización y exhumación de desaparecidos, prevé compensaciones financieras para sus familias y la retirada de símbolos franquistas de edificios públicos.
Señal de que las heridas están lejos de estar cerradas es que esta ley trajo consigo una gran polémica y descontento en varios sectores. La izquierda le reprochaba al gobierno que no hubiera anulado los procesos sumarios de los tribunales franquistas, que fueron declarados sólo ilegítimos, y la derecha acusó a Zapatero de "reabrir inútilmente las heridas del pasado".
El decano de la política española, el senador Manuel Fraga, fundador del Partido Popular (PP, derecha) y ex ministro de Franco, calificó de "gravísimo error" y "disparate" la decisión de Garzón, alegando la amnistía de 1977.
Frente a esto, los cineastas españoles siguen volviendo una y otra vez a los dramas de la Guerra Civil y el periodo franquista.
Dos películas de éxito se estrenaron este año: "13 rosas", la historia real de 13 chicas fusiladas por los franquistas, y "Los girasoles ciegos", que representará a España en la preselección del Oscar a la Mejor película extranjera, sobre el drama de una pareja de izquierdas en los años 40.
Incluso el director Pedro Almodóvar anunció que su próxima película se basará en las memorias del poeta comunista Marcos Ana, que pasó 23 años en la cárcel bajo la dictadura franquista.
© 2008 AFP
