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Washington. El estado de excepción redujo drásticamente la criminalidad en El Salvador, pero la población no debería tener que elegir entre la seguridad y otros derechos fundamentales, estimaron defensores de los derechos humanos ante una comisión del Congreso de Estados Unidos.
En respuesta a una escalada de homicidios, el presidente salvadoreño Nayib Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que permite arrestos sin órdenes judiciales, y bajo el cual fueron detenidas unas 83.000 personas, de las cuales unas 8.000 habrían sido liberadas.
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“Nadie, absolutamente nadie, discute que el gobierno salvadoreño estaba y está obligado a responder a la violencia de las pandillas”, declaró el martes el demócrata James P. McGovern, durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
“Sé que el presidente Bukele es popular (...) Sé que acaba de ganar la reelección, aunque la Constitución prohíba la reelección”, pero “quiero decir que solo porque una política pueda ser popular en un momento dado no significa que sea correcta”, añadió.
A mediados de noviembre McGovern estuvo en el país centroamericano, de donde regresó “profundamente preocupado”.
“Lo que encontré fue un ambiente de miedo y autocensura, francamente tan malo como lo que presencié durante la Guerra Civil”, relató.
Dice haber hablado con ciudadanos cuyos seres queridos murieron “bajo custodia en circunstancias que nunca se han aclarado adecuadamente”.
El congresista republicano Christopher Smith subrayó la importancia de “respetar” el apoyo del pueblo a Bukele. Aunque es “igualmente cierto que los derechos humanos y el estado de derecho no pueden ser cancelados ni siquiera por mayorías democráticas”, matizó.
Según McGovern la embajada de El Salvador en Washington le escribió para quejarse, considerando que solo testifican representantes de organizaciones opuestas al gobierno.
“Eso es incorrecto”, replicó el congresista. “Nuestros testigos no están aquí porque se opongan al gobierno, están aquí porque apoyan los derechos humanos en El Salvador”.
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“Política de cuotas”
Entre los testigos no había víctimas de pandilleros.
Uno de los testigos, Juan Pappier, subdirector de la oenegé Human Rights Watch (HRW) para las Américas, estimó que el gobierno salvadoreño debería cambiar de enfoque para que “rindan cuentas los líderes de pandillas de alto nivel”, lo cual según él, no sucede.
“Los salvadoreños no deberían verse obligados a elegir entre la seguridad y otros derechos fundamentales”, afirmó.
“Documentamos decenas de arrestos arbitrarios de niños”, detalló mencionando un informe de su oenegé.
“Los oficiales de policía dijeron a Human Rights Watch que algunos de los arrestos están impulsados por una política de cuotas, que requiere que los oficiales arresten a un cierto número de personas por día”, apuntó.
Según Leonor Arteaga, directiva de la Fundación para el Debido Proceso, el estado de excepción “se ha vendido como necesario para la reducción del crimen y la seguridad pública” pero “en realidad, se utiliza para mantener el control de la población y generar miedo”.
“Pero para ser claros, el escenario actual no fue creado exclusivamente por el ejecutivo; el poder judicial ha desempeñado un papel clave en facilitar los abusos” con fiscales y jueces “que no cuestionan estas prácticas, a pesar de que tienen el deber de hacerlo”, acusó.
Para poner fin a la situación ella propone revocar el estado de excepción, crear algún mecanismo de revisión con expertos para examinar los casos de los detenidos y observar lo ocurrido “a través del lente del derecho penal internacional”.
Bebé muerto
Porque “probablemente lo que estamos viendo no son solo abusos de derechos humanos”, sino también “crímenes de lesa humanidad”, afirmó Arteaga.
Noah Bullock, director de la organización humanitaria Cristosal, pide asimismo que se respete el derecho de visita para que las familias “puedan confirmar que sus seres queridos siguen vivos”.
“Nuestro equipo de investigación forense confirma con evidencia fotográfica, documental y testimonial, la muerte de 320 prisioneros causada por tortura”, declaró.
Contó el caso de Dina, embarazada de 35 semanas cuando fue arrestada mientras iba a casa con su hijo de cinco años en marzo de este año.
La mujer, de la que no dio el apellido, dio a luz en prisión, y el 7 de abril, la familia “fue notificada por las autoridades” de que el bebé “había muerto”, dijo.
Para salir de la encrucijada Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la oenegé WOLA, consideró “muy importante (...) encontrar la manera de que la comunidad internacional pueda apoyar a la sociedad civil”.
